La Zona Franca de Cádiz cuatriplica sus pérdidas en solo un año

La Zona Franca de Cádiz atraviesa una delicada situación económica que ha quedado reflejada en su informe anual de cuentas, donde se explicita el balance del Consorcio a 31 de diciembre de 2012. Según estos datos, el recinto fiscal gaditano cerró el año pasado con 21.350.266 de pérdidas, frente a los 4.754.949 del año anterior. Estos números, que causaron alarma entre los miembros del pleno reunido el pasado miércoles, han sido justificados en la pérdida de valor de algunos de los suelos comprados por el Consorcio en los últimos años después de actualizarse las tasaciones. La situación es más grave si se tiene en cuenta que la deuda es de 128 millones de euros y que la Zona Franca trata de negociar con el Gobierno la devolución de ayudas por proyectos no ejecutados.

El informe de gestión resalta como “el aspecto más significativo de 2012” unos resultados negativos de 21 millones de euros. “Principalmente se deben a las valoraciones realizadas en activos propiedad del Consorcio, que han arrojado unos deterioros de unos 14 millones de euros. Son reflejo de la pérdida de valor en el mercado español de los activos inmobiliarios”.

El informe señala que recientes tasaciones externas han depreciado el valor que anteriormente se le daba a algunos de los activos de la Zona Franca. Por ejemplo, los aparcamientos que en solo un año han perdido 2.784.409 euros de su precio; una parcela comprada en 2002 en Tahivilla (Tarifa) ha pasado de valorarse por casi dos millones a un millón en los últimos 12 meses; y otros suelos adquiridos en 2006 en el polígono industrial Los Pastores en Algeciras comprados por más de 11 millones de euros, ahora apenas valen cinco millones. La suma de esas depreciaciones es lo que ha contribuido a descompensar, según este informe, las cuentas de la Zona Franca gaditana.

El dato causó alerta entre los miembros del pleno, que reclamaron explicaciones y responsabilidades. “En solo un año se ha agravado la situación económica del Consorcio y ahora no se puede decir que esto es herencia porque el PP lleva dos años al frente del Gobierno”, lamentó el miembro del PSOE, Francisco González. Su compañera de partido Marta Meléndez también incidió en otro de los datos preocupantes del informe. Y es que la deuda del Consorcio, aunque se ha reducido ocho millones, es de 128 millones de euros. En esas deudas se incluyen 39 millones de ayudas a la reindustrialización que la Zona Franca recibió del Estado pero que no se ejecutaron.

El PP atribuye estas cantidades a la gestión del anterior delegado, el socialista José de Mier pero Meléndez recordó que en 2012 se han recibido 11 millones para rehabilitar el recinto exterior de la Zona Franca y se preguntó si también habrá que devolverlos, ya que las obras que debían comenzar todavía no lo han hecho. El delegado del Estado, Jorge Ramos, no ha aclarado este extremo aunque sí ha explicado que se han hecho gestiones con el Ministerio de Industria para unificar en un solo préstamo esos 39 millones de euros para devolverlos entre siete y 10 años. Si esto se consigue, el Consorcio dispondría de unos fondos anuales de seis millones de euros.

El informe de gestión incluye mensajes para salvar la cara. “Las nuevas tasaciones permiten presentar cuentas saneadas y acordes con la realidad actual”, a pesar de que eleven considerablemente las pérdidas. Refleja también que el 50% de los ingresos sigue viniendo de la oferta pública de venta de inmuebles arrendados, aunque hay una tendencia descendente de estas operaciones. Al menos, según este balance, la paralización de la actividad empresarial que ha traído la crisis no ha incidido en la cifra de ingresos por arrendamientos. La Zona Franca sostiene haber reducido los gastos de personal en un 5%. Pagar las nóminas de los 67 operarios costó el año pasado 3.207.460 euros, frente a los 3.430.240 de 2011.

Lo que refleja también este informe es que una década después sobre la Zona Franca siguen pesando dos controvertidas operaciones: la creación del portal informático Rilco y la compra de las acciones de la empresa de alimentación Quality Food, los dos escándalos que salpicaron la anterior gestión del PP. En el último pleno se intentó liquidar algunas de las sociedades dependientes de estos proyectos pero volvió a aparcarse por las dudas legales que generan estas liquidaciones.