La fiscalía abre una crisis en la cúpula de la Autoridad Portuaria de Valencia

Una denuncia por graves delitos convulsionó este miércoles a la cúpula del puerto de Valencia. La fiscalía acusa al presidente de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), Rafael Aznar, y a otros tres directivos de esta entidad de malversación y prevaricación. La denuncia llegó el martes al Juzgado de Instrucción número 14 de la ciudad con una petición de diligencias que ahora deberá acordar el juez antes de citar a declarar a los implicados.

Aznar se vio aparentemente sorprendido por las acusaciones y afirmó haberse enterado por la prensa de las sospechas sobre su gestión al frente del puerto. Según publicó Las Provincias, la investigación gira en torno a una malversación que supera los 40 millones de euros en relación con adjudicaciones para la construcción de infraestructuras portuarias.

Rafael Aznar ocupa la presidencia del puerto de Valencia desde septiembre de 2004, cuando accedió a la misma desde la vicepresidencia tras la renuncia de su entonces máximo dirigente, Rafael del Moral. Rodeado de periodistas que le preguntaban sobre la denuncia tras un acto en el Palau de la Generalitat, Aznar puso por delante “una hoja de servicios muy clara, de 40 años de servicio a la Administración Pública, sin tacha”. “Estoy tranquilo personal y profesionalmente”, afirmó.

El presidente de la APV antepone “una hoja de servicios sin tacha”

Asimismo, consideró “grave” lo que se está divulgando sobre él y otros miembros de la dirección de la entidad, y aseguró estar “absolutamente dispuesto a dar todas las explicaciones que sean necesarias para clarificar este asunto”, sobre el que aún no ha recibido ninguna notificación oficial. La fiscal jefe de Valencia, Teresa Gisbert, rechazó hablar de las pesquisas que han llevado a la denuncia.

Los partidos políticos sí se pronunciaron sobre la denuncia. El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, anunció que pedirá explicaciones tanto a la Generalitat como al Ministerio de Fomento. El líder socialista, que calificó de “muy grave” la acusación contra Aznar, recordó que el nombramiento del presidente del puerto de Valencia corresponde al jefe del Consell de acuerdo con el Gobierno.

Una posible imputación del responsable portuario pondría en un brete al presidente del Consell, Alberto Fabra, que defiende que ha apartado de la Generalitat y de la dirección del partido a los encausados por corrupción. A pesar de que los puertos son competencia del Ministerio de Fomento, el nombramiento de sus presidentes corresponde al Gobierno de la comunidad en la que se ubican, por lo que la situación judicial de Aznar sería difícil de compatibilizar con las líneas rojas establecidas por Fabra.

No es la primera vez que Aznar se ve envuelto en presuntas irregularidades. El presidente de la APV vive en un piso construido por una filial de la empresa Cyes, que ha obtenido importantes adjudicaciones en obras del puerto, y cuya financiación corrió a cargo de Bancaja, entidad en la que presidió la comisión de control y de la que fue consejero general hasta 2006.