Selecciona Edición
Conéctate
Selecciona Edición
Tamaño letra

El Gobierno eliminará 50 sociedades sin tocar los grandes organismos

El plan de racionalización del sector público prevé ahorrar 235 millones

Iñigo Urkullu, junto a los consejeros Josu Erkoreka y Ricardo Gatxagaetxabarria.
Iñigo Urkullu, junto a los consejeros Josu Erkoreka y Ricardo Gatxagaetxabarria.

Una rebaja de 235 millones anuales en gasto corriente; la desaparición de 50 entidades públicas, y 47 cargos directivos menos. La estrategia de redimensionamiento y racionalización del sector público diseñada por el Gobierno vasco y presentada esta mañana por el lehendakari, Iñigo Urkullu, pivota sobre esos tres objetivos sin que apenas afecte a las grandes entidades públicas. Urkullu, junto al portavoz, Josu Erkoreka, y el consejero de Hacienda, Ricardo Gatzagaetxebarria, ha defendido tras el Consejo de Gobierno que el plan “no mermará ni la calidad, ni el empleo público”.

Los objetivos marcados, “acciones inmediatas”, según recoge el documento remitido al Parlamento, se desarrollarán hasta 2017, según los cálculos del Ejecutivo, y si bien todos los departamentos han sido “tocados”, según el lehendakari, el que se lleva la peor parte, como ha reconocidoó, es el de Desarrollo Económico y Competitividad. Urkullu, que en la campaña electoral prometió recortar un 20% el entramado empresarial, ha rechazado que la Administración vasca esté sobredimensionada y ha achacado su estructura a “circunstancias de épocas anteriores”.

Euskadi se supone que contará a lo largo de esta legislatura con un 25% menos de entidades públicas. De las 192 actuales se pasará a 142. No se tocarán los organismos autónomos, un total de nueve, y entre los que se encuentran, Emakunde, Osalan o Lanbide. Tampoco se reducirán los entes públicos de derecho privado, que también suman nueve, entre otros, EiTB y Osakidetza, ni el único consorcio del sector público (Haurreskolak). La reestructuración sí llegará a las fundaciones, dado que de las ocho dependientes del Gobierno se eliminará la Fundación Museo Vasco del Ferrocarril.

Una empresa mediática en entredicho

La estrategia para el redimensionamiento y racionalización del sector público presentada por el lehendakari, Iñigo Urkullu, recoge la liquidación de Vilau Media S. L. El Ejecutivo ha incluido a la empresa mediática entre su objetivo de reducir un 25% el número de entidades públicas.

La compañía se creó con la partición de EiTBNET, que aportó la mitad del capital, según denunció ante la Justicia LAB. La firma dejó 700.000 euros sin pagar, con lo que EiTB, avalista, tuvo que afrontar la deuda, un proceso por el que el ex director gerente del ente durante la época de Andoni Ortuzar, Juan Luis Diego, tuvo que declarar como imputado por un supuesto delito de malversación.

El Ejecutivo además recoge la liquidación de la Fundación San Sebastián 2016 una vez que finalice “el evento”, una fecha que desde Lehendakaritza fijaron en 2016. Sin embargo, el patronato de la Fundación, en el que está el propio Gobierno, aprobó en junio el desarrollo del proyecto hasta 2018 —en un principio la fecha límite era 2020— con un presupuesto de 63,6 millones.

Las grandes cifras de reducción afectan principalmente al entramado de sociedades públicas y entidades participadas. Las primeras pasarán de 42 a 28, y las segundas, de 123 a 88, y su reestructuración se realizará principalmente mediante fusiones, liquidaciones y disoluciones para integrarse en otros organismos.

Los tres parques tecnológicos se fusionarán en uno; los 12 industrialdeak harán lo mismo hasta configurar uno por territorio, mientras que el resto de sociedades públicas afectadas son menores. Se liquidará la Central Hidroeléctrica de Sologoen y el Puerto Deportivo de Zumaia pasará a formar parte de Euskadiko Kirol Portua.

Tampoco entre las entidades participadas que se eliminarán hay grandes nombres. Quizás la más destacada sea Bilbao Ría 2000, aunque su disolución y liquidación fue anunciada hace tiempo. Otro tanto ocurre con Jaizkibia, el intento guipuzcoano de emular en la Bahía de Pasajes la regeneración desarrollada en la capital vizcaína y a la que se puso fin el pasado mes junio tras escaso éxito, o la polémica Vilau Media.

La reducción de personal directivo, cifrada en un 20% por el Ejecutivo, supondrá recortar estos cargos de 239 a 192 y afectará en mayor medida a los entes públicos de derecho privado. EiTB reducirá su estructura directiva de 10 personas a siete y Osakidetza, de 110 a 88. Las sociedades públicas, por su parte, contarán con 17 cargos menos.

Urkullu ha destacado en varias ocasiones que ningún trabajador laboral indefinido se verá afectado por el plan de redimensionamiento, al igual que los directivos que ostenten esa condición. El lehendakari, sin embargo, no ha hecho referencia a otro tipo de trabajadores.

El tercer objetivo de la estrategia, la reducción de un 20% de los gastos de funcionamiento, hasta un total de 235,2 millones, recaerá principalmente sobre los organismos autónomos. Estas entidades contarán con una aportación de gasto corriente este 2013 de casi 670 millones, 202,6 menos que en 2012.

Les siguen los entes públicos de derecho privado, que dispondrán de casi 149 millones, 22,5 menos que el año pasado. No se han incluido en este apartado los gastos corrientes sanitarios, una cifra que desde el Gobierno no han podido especificar cómo variaría el objetivo de reducción del 20% si se incluyese y el porqué de su omisión.

Reacciones variadas

Desde el PSE-EE la respuesta ha sido positiva. A pesar de que fuentes del partido han culpado a la estructura "que montó el PNV durante 30 años" de que ahora se necesite un "redimensionamiento", el Secretario de Organización Rodolfo Ares ha considerado "acertado" el plan del Gobierno y ha pedido extender el proceso a las diputaciones. "Esperemos que los objetivos de ahorro se cumplan", ha añadido.

El resto de partidos han sido más críticos. Antón Damborenea, presidente del PP de Bizkaia, ha sido contundente: "Lo que ha anunciado el lehendakari y la nada son lo mismo". Los populares piden que el Gobierno aclare cuáles son las empresas que se eliminarán y fusionarán. Gorka Maneiro, portavoz de UpyD, ha calificado el plan de "insuficiente" y ha pedido que se supriman más cargos directivos.

Desde EH Bildu han criticado que el plan no elimine duplicidades con servicios centrales, como a su juicio lo son la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Ertzaintza. El parlamentario Dani Maetzu ha añadido que su agrupación estará alerta para garantizar "el empleo y los derechos laborales" de los trabajadores del sector público. Por su parte, LAB ha afirmado que el plan de Urkullu es "muy preocupante" porque "hace tiempo que empezó a recortar la Administración pública". En un comunicado, el sindicato ha declarado que aunque el PNV prometa mantener los servicios, "no dice cómo lo va a hacer porque es imposible con los presupuestos que defiende."

Más información