La oposición quiere forzar que Mas explique el fiasco de ATLL
Pide la comparecencia de los consejeros de Economía, Mas Colell y de Territorio, Santi Vila El Gobierno recurrirá el auto del Tribunal Supremo que anula la adjudicación de ATLL a Acciona
PSC, PP, ICV-EUiA, Ciutadans y la CUP han planteado la convocatoria de una Diputación Permanente durante el mes de agosto para que el Govern explique en el Parlament el estado del proceso de privatización de la empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL). Esta petición ocurre después de que el Gobierno catalán haya decidido recurrir ante el Tribunal Supremo el último auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que ratifica la anulación de la adjudicación de ATLL a Acciona. Los partidos quieren que se celebre este miércoles en el Parlament una junta de portavoces extraordinaria para debatir las comparecencias de los consejeros afectados, el de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, y el de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. Si finalmente se celebra la Junta de Portavoces y se aprueban las comparecencias, los grupos que las promueven quieren que sean en agosto. Por lo tanto, tendrían lugar en la Diputación Permanente.
Esta petición ocurre después de que el gobierno catalán haya decidido recurrir ante el Tribunal Supremo el auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que anula la adjudicación de la empresa pública Aigües Ter-Llobregat a Acciona. Así lo ha asegurado el portavoz del gobierno catalán, Francesc Homs, en la rueda de prensa posterior a la reunión del ejecutivo catalán. La privatización de esta empresa pública, que se disputan Acciona y Agbar, está en el aire desde que el Organo Administrativo de Recursos Contractuales de Cataluña (OARCC), organismo que depende del propio gobierno catalán, la invalidara al considerar que la oferta de Acciona, la empresa que finalmente se hizo con el servicio, no respetaba el plazo de inversiones previstas en el pliego de condiciones del concurso.
El TSJC desestimó hace dos semanas los recursos presentados por Acciona y la Generalitat. El Gobierno catalán pedía que se suspendiera de forma cautelar la resolución de la OARCC. Tiene un plazo de diez días para recurrir la decisión de la corte catalana ante el Tribunal Supremo.
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