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LOS ESCÁNDALOS DE LA SANIDAD CATALANA

Boi Ruiz niega cualquier caso de corrupción en la sanidad catalana

El consejero defiende a Josep Prat, acusado de seis delitos, justifica que las obras del Sant Pau se desviaran el 35% y no cuestiona las “puertas giratorias”.

Boi Ruiz, consejero de Salud
Boi Ruiz, consejero de Salud

En la sanidad catalana no existen casos de corrupción. Ni siquiera lo parece, pese a que dos jueces estén investigando asuntos escandalosos. Ese es el mensaje que transmitió ayer el consejero de Salud, Boi Ruiz, en la comisión parlamentaria creada precisamente a raíz de que se destaparan varios casos. “No hay que dar por hecho aquello que parece, pues hasta que no lo sea, no lo es”, repitió el consejero en varias ocasiones.

Ruiz quiso disipar cualquier sospecha sobre Josep Prat, imputado por un juzgado de Reus por seis delitos, entre ellos estafa, malversación y tráfico de influencias, supuestamente cometidos al frente del grupo de empresas Innova que dejó un agujero en las arcas municipales de 202 millones de euros.

Fue el consejero quien nombró a Prat presidente del Instituto Catalán de la Salud, cuando era también vicepresidente del grupo privado USP. Por eso, el diputado de Ciutadans José Manuel Villegas preguntó a Ruiz si no debería dimitir en caso de condena de Prat, pero el consejero se defendió. “No eran incompatibles ambos cargos”, dijo, antes de recalcar las cualidades profesionales de Prat. “Es una persona solicitada por todos los Gobiernos de Cataluña”, dijo, aunque obvió por completo las acusaciones que pesan sobre él

El consejero también negó mala gestión en las obras del nuevo hospital de Sant Pau, que acabó acumulando un sobrecoste del 35%, traducido en 77 millones de euros de más, y cuyos hechos investiga también un juzgado de Barcelona. “Lo que parece no es lo que es”, insistió en decir Ruiz, para justificar después el desvío presupuestario. “Se diseñó con unos criterios y luego la realidad fue otra”, dijo.

Para rematar acudió al tópico de que en todas partes cuecen habas y que “las obras de ningún hospital del mundo se ajustan al presupuesto inicial”. En otro momento justificó la actuación de la Generalitat y dijo que “Sant Pau no está en situación de desgobierno”.

Ruiz no contestó tampoco a la pregunta de Villegas de por qué se benefició durante años desde la sanidad pública al grupo de empresas Serhs que preside Ramon Bagó, al que está investigando la fiscalía.

El consejero defendió las “puertas giratorias” en la sanidad catalana porque “somos un país pequeño”. Dijo que eso “no es malo ni perverso”, sino que enriquece al sector público que quien ha ocupado un cargo en el sector privado se pase de bando y viceversa. “Siempre que se haga con transparencia y respetando los conflictos internos”, matizó Ruiz. Él mismo, antes de ser consejero de Salud presidió durante años la patronal de los hospitales privados de Cataluña. El problema, añadió, es que “hay que gente que llevamos mucho tiempo en el sector”, oscilando entre lo público y lo privado, y no ha surgido una segunda generación.

Josep Prat y Carles Manté tuvieron que declarar ayer otra vez ante el juez por el 'caso Innova'

En un intento de buscar la complicidad de los grupos, el consejero negó que existiera sociovergencia en la sanidad catalana. En su opinión, el sistema es fruto de todos los partidos. Desde el PP, que ha apoyado alguna ley, hasta “los médicos procedentes del PSUC”, recordó. Luego tiró de tópicos para pedir que “no se haga política con la sanidad” y censuró a los que le acusan de “propagar una plaga bíblica” para privatizar el sistema sanitario.

Con todo, se comprometió a encargar al Servicio Catalán de la Salud un código ético de buenas prácticas de la sanidad pública catalana. La comparecencia de Ruiz cerró los trabajos de la comisión sanitaria, la primera que se creó esta legislatura, y ahora los grupos deberán redactar las conclusiones.

Mientras Ruiz llevaba a cabo esta maniobra exculpatoria, Josep Prat y Carles Manté declaraban otra vez ante el juez de Reus que instruye el caso Innova por el desvío de 720.000 euros del holding municipal que fueron a parar a manos de Manté por trabajos que supuestamente que este no realizó, informa Mercè Pérez. Prat y Manté están acusados de media docena de delitos cada uno y tienen los pasaportes retenidos por la autoridad judicial.