El despido falso del diputado del PP ni siquiera se certificó como exige la ley

El partido ignora la publicación del documento e insiste en arropar a Mouriño

El documento del falso cese involuntario del exalcalde del PP en Celanova y ahora diputado en el Parlamento gallego, Antonio Mouriño, no se ajusta siquiera a los requisitos fijados en la norma que regula que regula el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. El certificado, utilizado por Mouriño para intentar cobrar el paro y firmado por la teniente de alcalde de Celanova, Pilar Regueiro, acredita como veraces unos datos que, al margen de no serlo (el pleno aprobó el cese voluntario de Mouriño dos meses antes), solo pueden confirmar los funcionarios municipales y no los políticos, según consta en el Real Decreto en vigor (1174/1987, de 18 de septiembre).

La artimaña para simular su despido que urdió el parlamentario autonómico del PP “supone, supuestamente, una doble ilegalidad”, precisa el secretario de política municipal del PSOE ourensano, Eladio Osorio, ateniéndose al citado decreto y a la evidencia de que Mouriño no fue destituido en la alcaldía de Celanova sino que renunció a ella voluntariamente para poder acceder a su escaño como diputado autonómico (ambos puestos son incompatibles).

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Los socialistas quieren que se depuren responsabilidades porque “ni el PP puede soportar un minuto más como parlamentario a una persona que se esforzó por reclamar mediante falsedades documentales un dinero que no le correspondía ni a una teniente de alcalde que falseó la realidad certificando un documento sin estar habilitada” para hacerlo. Ello, al margen de “la tremenda inmoralidad que supone para una persona con el impresionante patrimonio de Mouriño pleitear con datos supuestamente falsos contra el Estado por unos euros cuando hay familias en Celanova que apenas sobreviven sin siquiera la ayuda del desempleo”, precisa Osorio.

El PP quiere dejar pasar este asunto. Tras negar la comisión de delito argumentando que el diputado no llegó a cobrar el paro porque el antiguo Inem y un juzgado ourensano se lo denegaron, el grupo parlamentario del PP da por zanjada la cuestión. Pero lo hace obviando que existe un certificado en falso (reproducido ayer por este periódico) y remitiéndose al acta plenaria “firmada por el secretario municipal y no solo por la teniente de alcalde”, es en la que precisamente se dice que el cese de Mouriño fue voluntario. Exactamente lo contrario que el documento firmado por Regueiro que el PP se resiste a mencionar.

Los populares mantendrán a Mouriño levantando la mano en el Parlamento mientras prospera la comisión de investigación que pasado mañana aprobará el Ayuntamiento de Celanova con los votos de los tres ediles del BNG (autor de la iniciativa), los tres del PSOE y el de la edil escindida del PP que ocupa escaño en el grupo de los no adscritos. Los nacionalistas quieren también que se depuren responsabilidades y apuntan más allá de la teniente de alcalde que firmó el certificado falso. “Ella no podía tener acceso a los datos fiscales de Mouriño que aparecen en el documento que certificó; tiene que haber un informe preceptivo del secretario municipal y del interventor”, sostiene el nacionalista Gonzalo López. El BNG cree que este asunto de la certificación en falso del cese de Mouriño puede salpicar a más integrantes del equipo de gobierno de Celanova.

La comisión de investigación coincidirá con la batería de preguntas parlamentarias que ha anunciado el grupo del PSdeG en el Parlamento gallego y con la denuncia ante la fiscalía a la que recurrirá la formación galleguista Compromiso por Galicia (CxG). El portavoz en Ourense, Xosé Manuel Pérez Bouza, sostiene que el comportamiento de Mouriñio “no solo es absolutamente reprobable desde el punto de vista ético y político, sino que pudo cometer algún delito al simular una situación falsa para obtener un beneficio personal”. CxG acude a la fiscalía con la intención de que investigue tanto un posible delito de Mouriño como de la teniente de alcalde de Celanova por “certificar una situación que no se corresponde con la realidad”.

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