El PP certificó el despido de Mouriño tras aprobar en pleno la baja voluntaria
La acreditación falsa de la destitución la firma la teniente de alcalde de Celanova.
El 15 de julio de 2012 Antonio Mouriño, alcalde popular del pequeño municipio ourensano de Celanova, apeló sin complejos a su inquietud política (tras 21 años aferrado a las sucesivas mayorías absolutas del municipio) y presentó en sesión plenaria su baja voluntaria. El baltarismo estaba entonces cuestionado por el enchufismo ya en el juzgado y el leal regidor del fundador de la saga quiso dar un paso adelante como diputado en el Parlamento de Galicia, con lo que el cese en la alcaldía le resultaba imprescindible ya que se trata de cargos incompatibles. El pleno del Ayuntamiento de Celanova aprobó, con su voto favorable y el de los otros seis concejales del grupo del PP (PSOE y BNG se abstuvieron) esa renuncia: la baja voluntaria. Dos meses después, el 15 de septiembre del mismo año, su fiel teniente de alcalde, Pilar Regueiro, certificó en falso que el regidor y actual diputado autonómico del PP había cesado contra su voluntad de la alcaldía, un documento oficial al que ha tenido acceso este periódico (se reproduce en la imagen inferior) y del que Mouriño se sirvió registrándolo en el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) para reclamarle al antiguo Inem los poco más de 1.000 euros que de esa manera le corresponderían en concepto de prestación por desempleo.
![Extracto del certificado del despido falso del diputado Antonio Mouriño presentado ante el SEPE para intentar cobrar el paro.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/KUTZ3NAV34D325FFLRJ3K4PLKI.jpg?auth=45040cfb750541fb990f47341317efa72eaff631751f9bdba09fefb44ddb2ad8&width=414)
Mientras el SEPE le negaba la prestación y Mouriño contraatacaba esa decisión acudiendo a la vía judicial contra el organismo estatal para reclamar el dinero y una condición de desempleado que le garantizaría la pensión de jubilación sin necesidad de trabajar siquiera un par de meses, el exalcalde compatibilizó su acta (y su sueldo) de diputado autonómico y el escaño como concejal en el Ayuntamiento de Celanova. Solo renunció al escaño municipal in extremis: cesó como edil el 30 de enero de 2013, medio año después de aquella renuncia a la alcaldía basada en su inquieto espíritu político.
Cuando abandonó definitivamente el Ayuntamiento de Celanova Mouriño llevaba ya tres meses completos votando, y cobrando por ello, todas las iniciativas del PP en el Parlamento gallego. Para que abandonara la corporación local de Celanova fue necesario que la oposición votara a su favor. “Tuvimos que hacerlo, si no aún seguiría aquí”, señalan los representantes de la oposición. Para entonces, al PP de Celanova se le había ido una concejal (al grupo de los no adscritos) y si socialistas y nacionalistas no respaldaban la renuncia del exalcalde, esta no habría prosperado.
El falso documento que certificó Pilar Regueiro en su condición de alcaldesa en funciones y con el que Mouriño pleiteó contra el antiguo Inem no supone, de momento, coste para alguno para ellos. Ni siquiera político. Mouriño participó este fin de semana —y posó sonriente en la foto— junto al sucesor del baltarismo (el presidente del PP y de la Diputación Provincial de Ourense, José Manuel Baltar Blanco) y al conselleiro Agustín Hernández, en la clausura de la escuela de verano Miguel Ángel Blanco, que en esta edición se dedicó a analizar la corrupción política. “Las instituciones públicas y los políticos no pueden estar bajo sospecha. La duda siempre es perjudicial”, afirmó abiertamente el conselleiro de Infraestruturas de Feijóo y vicesecretario del PP gallego.
El PP de Galicia ampara la argucia del diputado autonómico y la de la teniente de alcalde de Celanova. “Lo más importante es que no llegó a cobrar esa contraprestación” que le denegó el SEPE (pero por la que Mouriño peleó con uñas y dientes contra el Estado), lo exculpó el jueves pasado contestando a los periodistas el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, obviando la existencia de un documento en falso firmado por un cargo de su partido y utilizado, para obtener un beneficio personal, por un diputado de su grupo en el Parlamento autonómico. El día anterior, el secretario general del PP de Galicia, Alfonso Rueda, había sido aún más rotundo al calificar de “sólidos” los argumentos del diputado que simuló su despido con el certificado falso.
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