El abismo entre patronal y sindicatos amenaza con un polvorín laboral

"Aquí, el problema es que nadie levanta la vista del suelo”. Esta reflexión corresponde a un representante sindical, presente en las fallidas negociaciones para evitar el inmediato fin de la ultraactividad, cuando fue preguntado por este periódico sobre el nuevo contexto en el que se enmarcan las relaciones entre los agentes sociales. En realidad, más allá de la inmediata escenificación del desacuerdo — “fuegos artificiales”, según una fuente empresarial— con una sucesión de acusaciones cruzadas, todas las partes concernidas, incluido el Gobierno vasco, están “muy preocupadas” por las consecuencias que se deriven del nuevo marco laboral. “Esto puede llegar a tal desregulación que acabaría en un polvorín”, advierten desde el lado sindical.

 Según las previsiones menos alarmistas entre las seis opiniones consultadas “bastaría con que un 15% de los trabajadores resultara afectado para que esto acabe convertido en un follón”. Ante semejante amenaza, sin embargo, nadie se atreve a intuir dónde está el punto de aproximación. “Va a depender de los primeros gestos que se vayan dando”, señala uno de los negociadores. “Si hay acuerdos en las mesas que están abiertas como las del Comercio y el Metal en Álava, se crearían otras expectativas”, recuerdan. Sin embargo, ahora mismo cunde el pesimismo. El soterrado pulso en Gipuzkoa entre la patronal Adegi y los sindicatos ELA y LAB, sin avances y jalonado de huelgas y protestas, es algo más que un referente de situación.

Es aquí donde toma cuerpo la estrategia desplegada por ELA, el sindicato mayoritario de Euskadi. Su distanciamiento de la patronal, del resto de sindicatos y del Gobierno vasco le aboca al centro de la diana de las críticas, a las que su secretario general, Txiki Muñoz, periódicamente responde. “Parece que disfruta con el desacuerdo que se ha creado porque sabe que le favorece”, apunta críticamente uno de los negociadores.

ELA desprecia la fórmula del convenio sectorial, aunque los ha firmado, porque prefiere el acuerdo empresa por empresa, donde se sabe fuerte. “Dispone de un volumen alto de afiliación y de organización en las empresas y sobre todo cuenta con una caja de resistencia que es una garantía”, una condición esta última, sin embargo, que en el resto de los agentes sociales alguno no ve así. “Tampoco para ELA va a ser fácil”, asegura.

"Bastaría con que un 15% de trabajadores acabaran afectados para que hubiera un follón"

Pero este intencionado aislamiento de ELA ha condicionado en parte el ánimo de un sector de la negociación. “No iba a tener mucho sentido llegar a un acuerdo donde no estaba el sindicato mayoritario”, dicen desde el ámbito empresarial, aunque, en realidad, las expectativas reales de un entendimiento siempre han sido escasas. Los sindicatos denuncian que la patronal “tenía muchas ganas de probar la nueva situación que deja la reforma laboral y lo han hecho”. Y por unanimidad. Más allá de la dureza exhibida por Adegi y el SEA, las patronales territoriales han coincidido “dejando muy poca capacidad de maniobra a Confebask”, según se ha visto desde la negociación. “Han jugado muy sucio y no han dado salida a la intersectorial porque pensaban que podría ser tierra conquistada por los sindicatos”, añade.

Posiblemente todo estaba decidido desde dos meses atrás. Entonces, durante una reunión en el CRL, el sindicato LAB puso sobre la mesa un papel con propuestas concretas. Las patronales territoriales dieron un paso atrás, diciendo que se lo tenían que pensar. “Ahí estuvo el punto de inflexión”, recuerda quien asistió a este encuentro.

Así las cosas, el desesperado intento del lehendakari, Iñigo Urkullu, por alargar el período de la ultraactividad y buscar un nuevo escenario parecía condenado al fracaso, aunque su gesto ha conseguido el reconocimiento unánime. “El Gobierno vasco solo tiene un papel mediador, no puede hacer otra cosa”. No obstante, LAB, desde una interpretación en clave política, creyó que Confebask aceptaría la propuesta de Urkullu. Resultó un espejismo.

Finalmente, aunque hay en algún sindicato quien sostiene que “no se acaba el mundo” tras el fiasco del 7-J, el temor a los efectos sociales de una “desregulación” cobra fuerza. Llegan los días de la judicialización y de las movilizaciones. El Gobierno lo intuye, consciente, además, de que una imagen de convulsión le dañaría, pero solo le queda el recurso de “mediar”, como admite un portavoz. Los sindicatos recelan de la “voracidad” de algunos empresarios por aplicar “las claras ventajas que ahora tienen en sus manos” y que dinamitarían la paz social. Los empresarios lo suavizan anteponiendo su “histórica” voluntad al pacto, pero sin olvidar que “hay que adaptarse a los nuevos tiempos”. Cada uno a lo suyo.