Vivienda intenta negociar con Rajoy el decreto para evitar al Constitucional

La Junta quiere evitar otro conflicto con el Gobierno central en el Tribunal Constitucional y ha pedido al Ejecutivo de Mariano Rajoy la convocatoria de una comisión bilateral para debatir el decreto andaluz antidesahucios. El objetivo es plantear medidas para resolver las dudas sobre el decreto “en el ámbito de cooperación entre Administraciones y no en el marco judicial”, explicó ayer el viceconsejero de Fomento y vivienda, José Antonio García Cebrián, que invitó al Ejecutivo a “sentarse y reflexionar”.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes recurrir el decreto andaluz al entender que invade competencias estatales, pero todavía no lo ha presentado porque está a la espera de un informe del Consejo de Estado. Si quiere recurrir tiene de plazo hasta el 12 de julio, cuando se cumplen tres meses desde la publicación de la norma que permite a la Junta expropiar temporalmente el uso de la vivienda a los bancos, en caso de desahucios de familias en riesgo de exclusión, y multar con hasta 9.000 euros a las entidades bancarias y a sus sociedades filiales que no arrienden sus inmuebles.

La mano que le ha tendido ahora la Junta le puede servir para ampliar ese plazo porque, si la acepta y las dos Administraciones acuerdan sentarse a negociar, la fecha límite para recurrir ante el Constitucional se ampliará otros seis meses (hasta el 12 de enero), según la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La consejería, por su parte, conseguiría al menos posponer la suspensión cautelar del decreto que previsiblemente ordenaría el Constitucional al admitir a trámite el recurso. El alto tribunal tendría que decidir en el plazo de cinco meses si levanta esta suspensión y la Junta puede seguir aplicando el decreto o mantiene la norma paralizada mientras se pronuncia sobre el fondo del asunto (si la norma andaluza invade competencias estatales).

El viceconsejero de Vivienda, en un comunicado difundido ayer, sostiene que el recurso ante el Constitucional es “innecesario y precipitado”. “Más aún cuando lo que está en juego es la protección de familias en situación extrema”, añade García Cebrián, que considera que la comisión bilateral es “el foro adecuado para estudiar la aplicación de la normativa, evaluar sus consecuencias y dirimir las cuestiones entre la comunidad autónoma y el Gobierno”.

Cuando el pasado viernes la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, anunció el recurso a la norma andaluza, justificó la decisión en que, según el Ejecutivo, el decreto afecta al derecho a la propiedad de la vivienda, establece una responsabilidad sancionadora “al margen del principio de culpabilidad que viene exigido por la Constitución” y fija “una regulación contraria al principio igualdad”.

La Junta no comparte ninguno de estos argumentos y está preparando ya las alegaciones a un posible recurso. El viceconsejero de Vivienda asegura no tener dudas sobre la constitucionalidad de la norma. “Es absolutamente evidente y está avalada por la jurisprudencia del propio tribunal y por voces de prestigiosos juristas que cada día toman la palabra en defensa del decreto”, sostiene García Cebrián, que advierte de que el Gobierno andaluz “no va a dar marcha atrás”: “Hay 700.000 viviendas en Andalucía, donde desde 2007 se han producido más de 80.000 desahucios. Eso es absolutamente insostenible”.

Mientras el Gobierno decide si acepta o no la comisión bilateral, la Consejería que dirige Elena Cortés sigue tramitando expedientes de expropiación para frenar desahucios e inspeccionando el parque de vivienda de Andalucía para detectar inmuebles desocupados.