La Generalitat rechaza la ley para intervenir a autonomías morosas

La Generalitat de Cataluña mostró ayer su más profundo rechazo a la futura Ley Orgánica de control de la deuda comercial en el sector público y que en casos extremos podría implicar la intervención de autonomías incumplidoras por parte del Gobierno central. El consejero catalán de Presidencia, Francesc Homs, aseguró que quizás quien debería “autointervenirse” es el Gobierno central por las deudas que arrastra con la Generalitat.

El Gobierno de CiU cifra en cerca de 8.000 millones los pagos pendientes del Gobierno central a la Generalitat. La cifra es la suma de incumplimientos en todo tipo de partidas, especialmente la disposición adicional del Estatuto referente a la inversión en infraestructuras. Sin embargo, el recorte que la carta autonómica sufrió por parte del Tribunal Constitucional es el argumento que esgrime el Gobierno para no pagar esta supuesta deuda.

Homs admitió que la Generalitat paga “tarde y mal” a sus proveedores, pero también aseguró que esta situación no se daría si el Gobierno central estuviese al día en sus pagos a la Administración catalana. “Si de lo que se trata es pagar puntualmente, por favor, que nos paguen la deuda. Si lo hicieran las cosas irían de una forma bastante diferente”, insistió.

Deuda millonaria

En los últimos meses los impagos de la Generalitat con sus proveedores han ido agravándose progresivamente. Las universidades, por ejemplo, reclaman 200 millones en deudas, las farmacias otros 300, una cifra similar a la de los servicios concertados. Además debe 35 millones a los consejos comarcales en concepto de becas de comedor y transporte escolar.

Las comunidades que se demoren más de 30 días en el pago a sus proveedores tendrán siete meses para enderezar la situación y, en caso contrario, serán sancionadas por Hacienda hasta casos extremos de perder competencias en los impuestos cedidos. Cuando la demora del tiempo de pago medio de las facturas supere los 60 días durante dos meses seguidos el Ministerio de Hacienda podrá aplicar una batería de medidas “correctoras”, como un proceso de “retención de los importes a satisfacer de los recursos de financiación” de la comunidad morosa. Pese a que la ley permite la intervención en última instancia, el Gobierno insiste en que hacerlo no es su objetivo.