El último naufragio del naval

Si las gestiones de última hora no lo evitan, el 17 de julio se firmará el acta de defunción de lo que queda de sector naval en Vigo. Ese día, el Colegio de Comisarios de la Unión Europea, el más alto órgano director de la Administración comunitaria, aprobará la propuesta del responsable de Competencia, el socialista español Joaquín Almunia, por la que se forzará la devolución de 2.800 millones de euros de desgravaciones fiscales aplicadas mediante el tax lease entre 2005 y 2011. Unos 1.800 millones sirvieron para financiar la construcción naval en los anémicos astilleros de Vigo. “Es una noticia demoledora”, lamenta el responsable comarcal de industria de Comisiones Obreras, Ramón Sarmiento.

Tras reponerse de la durísima reconversión de los primeros años ochenta y de la privatización de Barreras de finales de los noventa, hace apenas cuatro años el naval de Vigo daba empleo a 12.000 personas. Solo quedan 3.000 en activo, incluidas las que se dedican a esa parte del sector auxiliar que sobrevive gracias a las exportaciones. Pero el sector es mucho más, es “una auténtica economía alrededor del naval”, explica Sarmiento, compuesta por sectores que dependen directamente de la construcción de barcos como los transportes especiales, ingenieros, fábricas de equipamiento... “Es todavía una parte significativa de la ciudad”, continúa. Todo eso caerá como un castillo de naipes en apenas dos semanas, cuando José Manuel Durão Barroso y sus 27 comisarios den su visto bueno a la propuesta de Almunia.

Frente a las encarnizadas críticas a Almunia del secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez, y del también socialista alcalde de Vigo, Abel Caballero, el eurodiputado Antolín Sánchez Presedo opta por la cautela. “Hasta el 17 de julio hay tiempo para introducir cambios en ese borrador”, apunta. Su optimismo contrasta con la crudeza con que se expresó este jueves el propio Almunia, cuando avanzó que no hay marcha atrás en su propuesta. Con todo, Presedo se agarra a la disposición que establece que no serán los astilleros, sino los inversores que se beneficiaron de las bonificaciones fiscales, en su mayoría grandes fortunas, quienes deberán reintegrar el dinero.

Esa cláusula tiene un valor nulo para los sindicatos. “No nos engañemos, será la quiebra total de los astilleros”, zanja Manuel García, secretario de la federación gallega del metal de UGT. “Sostener que la devolución no va a recaer en la construcción naval es un argumento mentiroso y demagógico”, añade. Las razones son variadas. El principal, que la quiebra de los clientes, en este caso los armadores, no puede dejar de tener consecuencia en los astilleros. “Al fin y al cabo, el sector no tiene más de 10 o 12 grandes compradores de buques”, apunta Sarmiento. “Y si finalmente el banco que gestionó la operación pierde, está claro que no volverá a apostar por este sector", continúa García.

Pero hay más implicaciones de los astilleros en el tax lease que acabarán por arrastrarlos con la decisión de Almunia. “Muchos inversores exigieron garantías patrimoniales a los constructores que ahora se harán efectivas”, revela el sindicalista de Comisiones Obreras. “En las operaciones, el más débil, que era el astillero, era el que se responsabilizaba de los posibles problemas. Eran exigencias muy frecuentes en los años en los que más se recurrió al tax lease, para ofrecer un escenario con una garantía del cien por cien de seguridad. Es decir, que al final el astillero sí responde”.

Con todo, la simple incertidumbre sobre la resolución de la Comisión Europea lleva años castigando unas inversiones que suelen superar los 100 millones de euros, y que por lo tanto requieren obligatoriamente de fondos ajenos. “El que financia y el que reclama la financiación exigen seguridad, y seguridad es precisamente lo que el naval de Vigo hace años que no ofrece: estamos espantando a los clientes”, alerta el directivo de un astillero. De ahí que el sector no se esté beneficiando de los incipientes síntomas de recuperación que la construcción naval experimenta en otros países europeos. Pase lo que pase el día 17, no parece que la incertidumbre se vaya a despejar. Los sindicatos confían en que la Administración plantee un pleito comunitario, que podría prolongarse durante años. Pese a su tendencia a ver la botella medio llena, Antolín Sánchez Presedo no oculta otra de las posibles consecuencias de la resolución de Almunia: “No debe descartarse una cascada de demandas al Estado”.