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Santiago pagará el abogado a un concejal imputado en el ‘caso Pokémon’

El gobierno municipal accede a la solicitud del edil del PP Adrián Varela

La minuta del abogado que defiende al concejal de Turismo de Santiago, Adrián Varela, del PP, tras su imputación en el caso Pokémon, será abonada por el Ayuntamiento. La condición es que Varela salga indemne del proceso abierto por una juez de Lugo para investigar supuestas corruptelas en la adjudicación de contratos en varios ayuntamientos gallegos. El acuerdo lo adoptó el pasado 30 de mayo la junta de gobierno de Santiago, a solicitud del propio Varela y tras analizar un informe del secretario municipal, que no puso impedimentos legales.

 Las imputaciones judiciales asedian desde hace meses al gobierno municipal de Santiago. El alcalde, Ángel Currás, tiene dos, una de ellas también en el caso Pokémon, que ya provocó la dimisión de otro concejal del PP y en el que está además imputada la edil de Educación, Rebeca Domínguez. Ninguno de ellos solicitó, sin embargo, que el Ayuntamiento se hiciese cargo de los gastos de su defensa jurídica, según una portavoz del gobierno local. Adrián Varela, quien ya ha declarado como imputado ante la juez de Lugo Pilar de Lara, cuenta para su defensa con los servicios de un conocido abogado, Javier Míguez Poza, ex juez decano de la ciudad. La junta de gobierno accedió a la solicitud de Varela el pasado 30 de mayo, aunque no informó públicamente de ese acuerdo. En la nota que se divulgó para dar cuenta de las decisiones tomadas ese día, solo se hizo constar genéricamente, en uno de los puntos: “Se inicia el procedimiento de contratación de la asistencia jurídica del Ayuntamiento”.

Una portavoz del gobierno local explicó que la decisión se adoptó por consejo del secretario del Ayuntamiento. La misma fuente aseguró que Varela no ha pasado de momento ningún gasto. El informe del secretario, Juan Manuel Salguero, al que ha tenido acceso este periódico, concluye: “Parece claro que, no habiendo una obligación legal expresa en tal sentido, sí que es una obligación moral de toda la Corporación local el resarcir a sus miembros de los gastos de su defensa jurídica personal. Lo contrario podría suponer que solo las personas con capacidad económica suficiente para asumir los citados gastos podrían ejercer cargos públicos a nivel local, pues bastaría con interponer denuncias en vía penal para obligar a la renuncia del cargo”.

El informe cita una sentencia del Tribunal Supremo que admite que la defensa jurídica de un cargo público en un proceso judicial abierto por sus decisiones administrativas puede entenderse como “gastos generados con ocasión del ejercicio de sus funciones”. Por tanto, el Supremo aprueba que la institución de que se trate costee los honorarios de los abogados. Eso sí, la condición es que el proceso determine que el cargo público no ha incurrido en “responsabilidad criminal”