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OPINIÓN

Rajoy, ahorrador

Con la coartada de la crisis, la “Reforma de las Administraciones Públicas” contribuye a recortar y cerrar el Estado autonómico

Francamente, no era necesario. Pero el Gobierno del señor Rajoy ha tenido la gentileza de hacer patente incluso para los observadores más escépticos cuál es su concepción acerca del reparto territorial del poder —del poder político, y también del poder simbólico— en España, cuál es su idea sobre ese Estado de las Autonomías con el que los suyos se llenan tanto la boca. Después de décadas mareando la perdiz y dando giros tácticos —desde el rechazo de Alianza Popular al título VIII de la Constitución hasta los fervores catalanófilos de Aznar en los días del Majestic—, el Partido Popular muestra por fin, incluso con mayor contundencia que durante el cuatrienio 2000-2004, cómo quiere que funcione el Estado español, o qué modelo de Estado propugna. Lo hace con la coartada de la crisis económica y bajo el especioso rótulo de Reforma de las Administraciones Públicas.

Si reducir el gasto público fuese algo más que la excusa demagógica de esta iniciativa, el Gobierno central habría empezado, verbigracia, por congelar sine die el desastroso proyecto del submarino Isaac Peral (S-81) que, únicamente en la corrección de los errores de diseño, nos va a costar 800 millones de euros (véase EL PAÍS del pasado día 16). O habría eliminado esos ministerios superfluos —Sanidad, Educación, Cultura…— que sólo le sirven al Estado para marcar paquete recentralizador (el caso Wert es paradigmático) y nutrir clientelas funcionariales. ¿Han oído ustedes que, en nombre del ahorro, García-Margallo haya hecho regresar a alguno de los 132 embajadores españoles esparcidos por el mundo (hay además otros 28 “embajadores en misión especial”), o que haya cerrado siquiera el más modesto de los consulados?

Hace tres décadas se construyó un Estado de las autonomías sin autonomistas cuyos dirigentes, cuando se ven asediados por la crisis, corren a devolver competencias

No, claro que no, porque con tales recortes el empaque y prestigio de España como “una de las grandes naciones de la historia” (Aznar dixit) padecerían. Así, pues, la Administración central suprime la Cría Caballar de las Fuerzas Armadas, o el Consorcio del inexistente Auditorio de Málaga, o la Fundación para la Innovación de la Artesanía —organismos, bien se ve, vitales en la anatomía del Estado…— y, a modo de reciprocidad, propone a las comunidades autónomas que liquiden piezas básicas de su arquitectura institucional y simbólica. En Cataluña, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell de Garanties Estatutàries, el Centre d'Estudis d'Opinió, el Meteocat y hasta nueve organismos más.

Reconozcámoslo aunque nos duela: la lógica del razonamiento del PP es impecable: si ya tenemos, y bien controlado, el CIS estatal, ¿para qué sirve el CEO? ¿Para mostrar con sus sondeos una realidad social catalana distinta de la española? ¿Para registrar el crecimiento de las actitudes independentistas? Mejor cerrarlo. En cuanto al Meteocat, conviene recordar que la previsión del tiempo es también el mapa del tiempo, y que este constituye una pieza importante en el imaginario colectivo. Para quienes añoran los tiempos del entrañable Mariano Medina en la TVE de Franco, cuando España era una unidad de borrascas en lo universal y, si llovía en Madrid, había llovido en toda España, ¡claro que el Meteocat supone un gasto superfluo, además de peligroso! Eso, por no hablar del Consell de Garanties Estatutàries o del Síndic de Greuges, organismos por medio de los cuales la Generalitat se da ínfulas de Estado…

Para quienes conciben España como un Estado-nación unitario, y ven en las autonomías una mera descentralización administrativa concedida en mala hora, la sedicente Reforma de las Administraciones Públicas supone enfilar el regreso al orden natural de las cosas, emprender aquel cierre del Estado autonómico que Aznar intentó y que la FAES teoriza incansablemente. Pero lo más desolador es ver a numerosos gobiernos autonómicos aplaudiendo por “razonables” y “coherentes” esas recomendaciones.

Hace tres décadas se construyó un Estado de las autonomías sin autonomistas cuyos dirigentes, cuando se ven asediados por la crisis, corren a devolver competencias y a desmantelar instituciones por las que no sienten ningún apego. ¿Y todavía hay quien, con estos mimbres, quiere tejer un cesto federal?

Joan B. Culla i Clarà es historiador.