Alaya confirma el embargo de la indemnización de Fernández
El juzgado de los ERE considera insolvente a Juan Francisco Trujillo, chófer de Guerrero
La juez Mercedes Alaya, instructora del caso de los ERE, ha confirmado el embargo de la indemnización de 31.419 euros que corresponde al exconsejero de Empleo Antonio Fernández por su despido tras haber trabajado en la bodega González Byass. La magistrada le embargó el pasado marzo el pago previsto por la aseguradora Generali, el ex alto cargo imputado recurrió la decisión, y ahora Alaya ha desestimado su recurso al no tratarse de un salario y por estar pendiente la fianza civil por 807 millones.
Mientras, el juzgado de los ERE considera insolvente a Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, y que afirmó haber gastado parte de los 1,3 millones recibidos por dos subvenciones públicas en cocaína, fiestas y copas. La juez le impuso una fianza civil de 2,3 millones y tras no abonarla, la investigación ha determinado que el imputado carece de bienes para embargar, y en sus cuentas bancarias embargadas solo tiene 1,64 euros. La insolvencia de Trujillo llama la atención después del dinero recibido a través de tres empresas, que se suma a los 122.649 euros de una ayuda sociolaboral que recibió su madre. “Han resultado infructuosos todos los intentos de averiguación patrimonial de bienes del imputado, así como el embargo de las cuentas bancarias y las posibles devoluciones de la Agencia Tributaria”, subraya el escrito de la secretaria.
Por último, la Audiencia de Sevilla ha confirmado la fianza por responsabilidad civil de 1,9 millones que Alaya impuso a Carmen García, empresaria y dueña del restaurante Río Grande. “Existen indicios de la comisión de hechos de relevancia penal y causas que justifican la imposición de la fianza”, establecen los magistrados de la Sección Séptima. La empresaria había recurrido la imposición de la fianza ante la Audiencia, pero los jueces no atienden los argumentos de García para retirarle o rebajarle la fianza. La Junta abonó los 1,5 millones del ERE del restaurante, en el que se incluyó una intrusa.
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