Baja un 90% la cifra de cuidadores familiares catalanes que cotizan

Los catalanes que cuidan de familiares con algún grado de dependencia que cotizan a la Seguridad Social se han reducido un 90% en solo ocho meses, después de que el Estado dejara de cotizar por ellos en julio del año pasado. Así, mientras que en julio de 2012 había 30.245 cuidadores familiares dados de alta en la Seguridad Social, en marzo de este año la cifra ha caído hasta los 3.588. “Ahora es la persona la que debe darse de alta y asumir los costes, lo que ha provocado que muchos se lo piensen”, afirmó la consejera de Bienestar Social y Familia de la Generalitat, Neus Munté, en una entrevista de Europa Press.

El Gobierno central aportaba las cotizaciones de los cuidadores desde el arranque de la ley en 2007, bajo el mandato del presidente José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE), con el objetivo de que las personas que atienden a sus familiares pudieran completar una futura pensión de jubilación.

Ahora, además de dejar de cotizar por los cuidadores familiares, mayoritariamente mujeres, el Gobierno central ha rebajado un 15% las prestaciones que recibían, lo que suponen “dos recortes muy duros y una pérdida de derechos”, valoró Munté. “No cotizar es perder derechos y el día de mañana supone una bajada de ingresos”, siguió la consejera, que recordó que el Estado está potenciando la atención de los dependientes a través de la prestación servicios, en detrimento de las prestaciones sociales.

No cotizar es perder derechos y el día de mañana supone una bajada de ingresos” Neus Munté, consejera de Bienestar Social y Familia

Munté añadió que la figura del cuidador familiar se valora “muy positivamente” en Cataluña, donde se llevan a cabo medidas de acompañamiento y de formación junto a las entidades del tercer sector. “Son personas que se dedican en cuerpo y alma al dependiente, algo que comporta un desgaste físico y emocional, aunque es una bonita experiencia”, afirmó la consejera, que ha lamentado que el Estado no proteja a esta figura.

Munté acusa al Estado de “atacar el núcleo duro de la dependencia” con sus recortes, y subraya el sobreesfuerzo económico que supone para la Generalitat, que financia la Ley de dependencia en un 80%, frente al 20% del Gobierno central, cuando debería ser a partes iguales. “Este sobreesfuerzo no es sostenible en el tiempo ni en la magnitud de forma ilimitada”, alertó Munté, que apuesta por una mayor corresponsabilidad económica de los beneficiarios para poder seguir atendiendo a todos los que lo necesiten, con una voluntad redistributiva. Por ello, recordó que el Gobierno catalán estudiará el aumento del copago, aunque está esperando a que el Estado presente una propuesta en este sentido: “Deberemos valorar qué medidas tomamos para poder llevar a cabo el sistema de dependencia de forma sostenible”.

“No cotizar es perder derechos y el día de mañana supone una bajada de ingresos”