La trama del agua adjudicó a dedo obras por 100 millones
La práctica irregular cesó tras destaparse el ‘caso Emarsa’ Los contratos fueron firmados por imputados
La entidad de la Generalitat Valenciana encargada del saneamiento de agua (Epsar) concedió a dedo obras por importe de 102 millones de euros entre 2003 y 2010. El organismo, dirigido entonces por dos imputados ahora en la causa sobre el monumental saqueo de la depuradora de Valencia (caso Emarsa), utilizó para ello la tramitación de emergencia, prevista en la ley para actuar de manera inmediata ante “acontecimientos catastróficos”, “situaciones que supongan grave peligro” o “necesidades que afecten a la defensa nacional”.
La entidad pública Epsar recurrió sistemáticamente a esa fórmula para hacer frente a las fuertes lluvias que cada año y por las mismas fechas descargan sobre la Comunidad Valenciana. La ley prevé que las obras comiencen en un mes desde el momento en que se declara la situación de emergencia. De lo contrario, es obligatorio emplear procedimientos que respeten los principios de publicidad y libre concurrencia. Epsar mantuvo la vía de conceder a dedo, sin embargo, incluso cuando en obras que empezaron a ejecutarse 14 meses después de la emergencia, indicó este lunes Carmen Martínez, diputada socialista, que ha tenido acceso a 73 de estos expedientes.
La también alcaldesa de Quart de Poblet señaló que parte de las obras acumularon abultados sobrecostes, que en el caso de Benidorm alcanzó el 4.000%. Y que el recurso habitual a la contratación de emergencia por parte de la Epsar cesó súbitamente tras destaparse el caso Emarsa, que cuenta con una treintena de imputados acusados de vaciar de fondos públicos la depuradora mediante facturaciones ficticias y pagos de precios muy por encima de los mercados.
Según numerosos testimonios, los máximos responsables de Emarsa y de Epsar, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, recibieron a cambio suculentas comisiones. Las firmas de ambos figuran en todos los expedientes de tramitación de emergencia analizados por el PSPV-PSOE, afirmó Martínez. Las adjudicaciones fueron finalmente concedidas por los exconsejeros Juan Cotino (presidente de las Cortes Valencianas) y José Ramón García Antón (fallecido en 2009).
La Sindicatura de Comptes advirtió frecuentemente sobre el excesivo uso de la tramitación de emergencia sin que Epsar rectificase. Y las obras, agregó Martínez, recayeron en empresas investigadas por los jueces en otras grandes causas valencianas de corrupción, como Gürtel y Emarsa.
Sobrecoste del 4.000% en Benidorm
Los sobrecostes de los 73 expedientes de la Entidad de Saneamiento de Aguas (Epsar) analizados por los socialistas contienen un ejemplo pocas veces visto: unas obras tras unas fuertes lluvias en Benidorm fueron presupuestadas y concedidas por 101.894 euros y terminaron costando más de cuatro millones de euros. Unos excesos que, según dijo la diputada Carmen Martínez “hacen bueno a Santiago Calatrava”, autor de buena parte de las grandes obras de Valencia en los últimos años.
La adjudicación de los trabajos a dedo, sin concurso ni posibilidad de que se presenten las empresas que lo deseasen, solo puede utilizarse en situaciones de emergencia. Pero en las obras de Benidorm, que se ordenaron tras la gota fría de octubre de 2007, el procedimiento acabó sirviendo para objetos que difícilmente pueden considerarse urgentes, como la reposición de un jardín. La supervisión del proyecto está firmada por José Juan Morenilla, uno de los principales imputados en Emarsa.
La última adjudicación de Epsar efectuada mediante esa tramitación excepcional fue precisamente la que concedió la explotación de la planta de Pinedo a Aguas de Valencia y Agricultores de la Vega de Valencia tras la disolución de Emarsa, la sociedad pública saqueada por sus responsables hasta llevarla a la quiebra.
La diputada socialista Carmen Martínez cuestionó ayer la emergencia, dado que la liquidación de Emarsa estaba prevista y hubiera podido convocarse un concurso público. Las adjudicatarias cobraron 9,6 millones por ocho meses de gestión, un 17% de los 8,2 millones inicialmente previstos.
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