Vila confirma su acercamiento a Madrid tras arrancar 165 millones para Renfe

Santi Vila se convirtió en el primer consejero, incluso antes de que lo pidiera Artur Mas, en tender puentes con el Gobierno de Mariano Rajoy para llegar a acuerdos. Y poco a poco, su política de entendimiento con la ministra de Fomento, Ana Pastor, está dando sus frutos. Arrancó primero un acuerdo para sacar a los grandes camiones de la N-II en Girona y ayer firmó una paz con Renfe que no solo se resistía desde hace dos años, sino que se había convertido en una fuente incesante de tensiones. El consejero de Territorio es casi símbolo del nuevo paradigma del Gobierno catalán: búsqueda de diálogo pese al discurso de máximos propuesto por la Generalitat.

Lo que se firmó ayer lo llevaba persiguiendo Renfe desde hace más de un año y había sido imposible de desbloquear en tiempos de Lluís Recoder como consejero. No es más que el contrato de servicios que permitirá financiar con normalidad las redes de Rodalies y Regionales entre 2013 y 2015, operadas por la compañía pública estatal pero con la titularidad cedida a la Generalitat. Vila, a cambio, apenas arranca una inversión de 165 millones de euros para mejorar la red —de los 4.000 millones del Plan Rodalies que está todavía vigente— pero cree haber puesto los mimbres para que el Ministerio de Fomento se ponga manos a la obra para desencallar proyectos pendientes.

El nuevo contrato está dotado con 160 millones de euros y prevé que el Ministerio de Hacienda asuma el déficit de explotación de Renfe, que es superior a los 100 millones de euros

Uno de ellos es el de construir al fin la conexión ferroviaria con la Terminal 1 del aeropuerto de El Prat, rediseñado por Territorio y para la que Pastor anunció la creación de un grupo de trabajo. Además de otros proyectos que la Generalitat reclamaba para firmar el pacto firmado ayer y que han desaparecido de las condiciones.

Pero lo único que tiene asegurado de momento la Generalitat es que Renfe creará a partir del próximo años los servicios de Rodalies de Tarragona, Lleida y Girona, además de otras posibles mejoras en un servicio que apenas puede asumir mayor carga de trabajo porque la infraestructura da para poco más.

De ahí, quizás, que el Departamento de Territorio se haya contentado con incluir en el listado de contraprestaciones otro tipo de condiciones. El más goloso para la parroquia nacionalista y para los sufridos usuarios de los servicios de corta y media distancia en Cataluña: la posibilidad de que la Generalitat pueda revocar el contrato de servicio y Renfe se quede sin operar esos trenes. Es su totalidad o en algunas líneas. Es una cláusula que ya constaba en las reclamaciones de la Generalitat de hace más de un año pero que tiene escasas posibilidades de avanzar. La compañía debería incurrir en fuertes negligencias que parecen más hipotéticas que reales.

Lo que sí ganará la Generalitat con el nuevo contrato son más instrumentos de control sobre la gestión y la opción de imponer penalizaciones en el caso de incumplimientos contractuales. Uno de ellos se basa en la mejora de los indicadores de calidad del servicio. La puntualidad y regularidad del servicio tendrá que ser en 2015, por ejemplo, del 97%, frente al 93,8% registrado en 2011. En el caso de Regionales, el salto deberá ser mayor y pasar del 73% al 90%. También incidirán en esas evaluaciones las notas que den los usuarios en materia de calidad, comodidad y atención al cliente. Si Renfe no cumple con los indicadores de calidad acordados, la aportación económica de la Generalitat al servicio podrá reducir en hasta tres millones de euros al año. Por su parte, el Estado se compromete a compensar con una cantidad anual para financiar el coste del servicio que no se cubre con el pago de los billetes. Esa cifra oscila entre los 106,2 millones de euros del año pasado a los 119,9 millones de 2015.