La Guardia Civil tilda de “ilógico” el concurso de suelos en Mercasevilla

Los agentes resaltan indicios que apuntan al pacto secreto entre los constructores

Los constructores Nicolás Báñez (derecha) y Eduardo Báñez (centro).
Los constructores Nicolás Báñez (derecha) y Eduardo Báñez (centro).paco puentes

La Guardia Civil se suma a la tesis de la juez Mercedes Alaya sobre el concurso de los suelos en Mercasevilla. Pero de momento, de manera más tibia. Si la magistrada lo considera “fraudulento” y habla sin tapujos de un “concierto” de los empresarios para crear un “precio artificial”, los agentes utilizan adjetivos como “ilógico” y “extraño” para los indicios que han recabado durante un año tras interrogar a técnicos municipales, empleados de las constructoras y responsables de Mercasevilla que pusieron en pie el concurso para la venta de suelos de la empresa pública en 2006.

La juez ha imputado a 23 personas, entre ellas ocho empresarios, porque considera que el concurso fue amañado y la mayoría de ellos realizaron ofertas de relleno a sabiendas de que lo ganaría la constructora malagueña Sando. Este viernes han comparecido siete empresarios y la juez sorprendió a todos con la entrega inesperada de un informe del Grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil. Tras la petición de suspensión de las defensas rechazada por Alaya y una lectura apresurada, los imputados han negado la mayor y dieron explicaciones más o menos exculpatorias sobre la supuesta connivencia para que Sando se alzara con el concurso público.

La oferta de los hermanos Báñez

J. M.-A.

La Guardia Civil censura en su informe de manera especial tres de las ocho ofertas realizadas por los empresarios para el concurso de suelos, entre ellas la de la constructora Juan de Robles, dirigida por los hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, Eduardo y Nicolás. Los investigadores adjuntan en el informe policial tres interrogatorios a empleados de Juan de Robles de un total de cinco declaraciones incluidas. Junto a la firma familiar, Prasa y Azucarera Larios presentaron unas ofertas por el precio mínimo posible y sin estudios de viabilidad técnica que acompañaran la oferta económica.

Los agentes resaltan su extrañeza ante la valoración de Mercasevilla a unas ofertas económicas que no podían bajar ni un céntimo su precio: “Carece por tanto de toda lógica valorar con 15,96 puntos sobre 20 las tres ofertas, que en caso de haber sido inferiores en 0,01 euros, habrían estado fuera de concurso por no llegar al precio mínimo de compraventa final fijado en el pliego de condiciones del concurso”.

Mientras Nicolás Báñez ha declarado que hacía años que no participaba en los órganos societarios de la firma, su hermano Eduardo ha dicho que se presentó al concurso igual que había hecho en otros y con idea de ganarlo. Eduardo Báñez ha explicado que su política empresarial es postular a la baja en todos los concursos para ganarlos. “Es posible que no hubiese demasiado interés en la oferta realmente, pero sí que interesa presentarse al concurso por la trascendencia”, ha alegado el empleado Juan Ramón Alcántara ante los agentes.

Los agentes resaltan varios indicios de importancia en su informe, aunque ninguno concluyente. Eso sí, la instrucción no está culminada y aún pueden traslucir muchas sorpresas. El informe destaca los contactos previos al concurso entre Sando y Mercasevilla y apunta a que la constructora usurpó las funciones de la empresa pública y fijó un pliego de condiciones en el que la propia constructora iba a participar, con una valoración que le beneficiaba: “Parece claro que esta sociedad le envía a Mercasevilla antes de la publicación del pliego de condiciones del concurso, un formato de pliego de condiciones”, explican los investigadores. El envío de la documentación por parte de Sando lo descubrió la actual dirección de Mercasevilla en una carpeta que entregó a los agentes. En el borde superior derecho de una página figura la inscripción manuscrita “Enviado por Sando 11/10/05”, de ahí la conclusión policial.

Sando había adquirido los derechos del suelo a la promotora Larena98 y según la baremación finalmente establecida por los responsables de Mercasevilla, el hecho de poseer esos derechos le otorgaba una gran ventaja respecto a las otras siete ofertas.

En otro pasaje, los agentes resaltan que cuando Sando barajaba hacerse con los suelos a través de una adjudicación directa, estaba dispuesta a pagar 900.000 euros a Larena98. Poco después, Sando se percató de que debía adjudicarse los suelos a través de un concurso con publicidad y concurrencia, y “pese al riesgo” de perder el concurso, terminó pagando 1.080.000 euros a Larena98. “Esta circunstancia resulta cuando menos extraña”, escriben los investigadores sobre la subida del precio, ocurrida pese al riesgo no previsto en un principio para la operación.

Asimismo, para la Guardia Civil resulta llamativo las prisas de la dirección de Mercasevilla para encargar un informe a la Universidad sobre el análisis técnico y la valoración del pliego de condiciones. “Apresuradamente, a falta de dos días para que finalizara el plazo de presentación de ofertas, suscribe el contrato (...) a los efectos de facilitar las correspondientes tablas de ponderaciones”.

Los siete empresarios, que representaban a cinco constructoras, han rechazado las insinuaciones de la Guardia Civil y las tesis de Alaya sobre el pacto para que Sando ganara el concurso. Entre ellos, los dos hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, responsables de la constructora Juan de Robles.

Los empresarios han destacado que disponían de unos equipos técnicos encargados de estos procesos y que desconocían por qué sus constructoras presentaron ofertas incompletas sin los aspectos técnicos, sociales y de revisión, que solo incluyeron Noga y Sando, informa Efe.

El más gráfico ha sido José Romero González, presidente de la constructora Prasa, que ha dicho que se presentó al concurso sin esperanzas de ganarlo y “como el que se presenta a un examen sin habérselo estudiado”. Para la juez carece de lógica que Sando ganara el concurso con una oferta “antieconómica” al proponer 105 millones, mientras que su competidora Noga ofreció 158 millones.

Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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