Alaya imputa a dos hermanos de la ministra Báñez en el ‘caso Mercasevilla’

La juez acusa a los constructores de amañar un concurso público junto a otros empresarios

La juez Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla este martes.
La juez Mercedes Alaya, a su llegada a los juzgados de Sevilla este martes.Paco Puentes

La juez Mercedes Alaya, instructora del caso Mercasevilla que desencadenó la causa de los ERE fraudulentos, ha imputado a Eduardo y Juan Nicolás Báñez, hermanos de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, y responsables de la constructora Juan de Robles. La magistrada les acusa después de imputar por error al padre de ambos, Eduardo Báñez González, una equivocación que ha subsanado este martes. Alaya considera que ambos se concertaron con otros siete constructores para crear un precio “artificial” en el concurso por la venta de suelos de la empresa pública Mercasevilla, y así lograr que el grupo malagueño Sando lo ganara.

Los dos constructores comparecerán el próximo viernes acusados de un delito de alteración de precios en concurso público, al igual que otros cinco empresarios. Alaya considera que todos ellos alcanzaron un pacto secreto para, pese a presentar ocho ofertas diferentes, lograr que el Ayuntamiento de Sevilla otorgara el concurso a Sando. La juez se apoya en el informe elaborado por la Unidad de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil, que estableció relaciones mercantiles entre las constructoras y resaltó la formación de uniones temporales de empresas (UTE), una costumbre muy extendida entre las empresas del sector para acudir a los concursos de las Administraciones.

Ese informe subraya que el grupo empresarial familiar de la ministra Báñez, del que esta posee 78.523 participaciones, carece de relaciones societarias con el resto de constructoras. Los agentes solo destacan la venta de una finca urbana en Huelva por parte de la constructora Juan de Robles al grupo Sando por 426.832 euros, transacción cerrada en 2004.

La Guardia Civil establece que existen vinculaciones entre la mayoría de las empresas, pero para la juez el mayor indicio del supuesto concierto para perjudicar las arcas públicas sevillanas es que el grupo Noga había ofrecido 158 millones por los terrenos de Mercasevilla, mientras que Sando ofertó solo 106 millones y aun así ganó el concurso.

Hace dos años y medio, el exgerente de Larena98 Antonio Pardal acusó al exgerente de Urbanismo Manuel Marchena, imputado en la causa, de ofrecerse para amañar varios concursos de viviendas de protección oficial en Sevilla. Larena98 poseía los derechos de suelo de Mercasevilla y pagaba una cuota de 59.000 euros al mes. Pero nunca obtuvo la licencia de obra para construir en ese terreno. Finalmente, tras los desacuerdos con Urbanismo, en 2005 la promotora renunció a los terrenos en favor de Sando y un año después la constructora malagueña ganó el concurso público, obtuvo la licencia de obra y construyó las naves proyectadas. El caso acumula 23 imputados entre políticos, empresarios y técnicos del Ayuntamiento sevillano.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo

Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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