Alaya imputa a seis empresarios que pujaron por los suelos de Mercasevilla

La juez Mercedes Alaya ha imputado a seis constructores que presentaron ofertas al concurso público para la venta de suelos de la empresa municipal Mercasevilla, que la magistrada considera fraudulento. Entre los empresarios destaca Eduardo Báñez González, padre de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez, y ex consejero delegado de la firma familiar onubense Construcciones Juan de Robles, citado por error ya que falleció hace 12 años.

En la citación del padre de la ministra ha debido influir que el hermano de la titular de Trabajo y actual consejero delegado solidario de la constructora se llama Eduardo Báñez García. Sin embargo, resulta llamativo que la información mercantil facilitada por el grupo de Delincuencia Urbanística de la Guardia Civil está actualizada, la presidenta de la firma es Ana García y Báñez González ni aparece. Cuatro hermanos de la ministra son delegados de la constructora.

Los seis constructores imputados declararán el próximo viernes para aclarar sus respectivas ofertas en el concurso planteado por el Ayuntamiento de Sevilla para la venta de los suelos de su empresa municipal en 2006, cuando la coalición PSOE-IU gobernaba el Consistorio. La magistrada que investiga el fraude de los ERE, que tuvo su origen en la instrucción de Mercasevilla, cree que el concurso se amañó porque la constructora Sando se lo adjudicó pese a que la mejor oferta fue de la empresa Noga. De este modo, la juez ha reactivado esta investigación, estancada durante el último año por su prolongada baja por enfermedad y el volumen del caso de los ERE. Ahora la magistrada ha citado a los constructores para escuchar su versión y establecer si existió connivencia para que Sando ganara y el resto presentara ofertas pese a saber el resultado final. A priori, la juez cree que existió un pacto privado.

Mientras que el grupo Noga ofreció 158 millones por la compraventa de los terrenos, Sando ofertó sólo 106 millones y, aun así, ganó el concurso. “Puede deducirse el posible concierto entre Mercasevilla y Sando para la adjudicación a esta última del concurso relativo a la opción de compra de los terrenos”, explica Alaya en un auto del pasado viernes. Los empresarios imputados son Ignacio Bayón de Realia, José Romero de Prasa, Bárbara Gutiérrez-Maturana de Azucarera Larios, Martín Eugenio Sánchez y Antonio-Vicente Sánchez de Edamar, y Eduardo Báñez de Construcciones Juan de Robles.

El presidente del grupo Sando, José Luis Sánchez Domínguez, imputado por donaciones al PP reflejada en los papeles de Bárcenas, ya fue acusado en su día por la juez Alaya.

La magistrada extiende esa connivencia entre Sando y “al menos” la mayor parte de las sociedades que participaron en dicho concurso “mediante la creación artificial de un precio que favoreciera el ofrecido por Sando”. Alaya estima que la tesis del pacto secreto está reforzada por el hecho de que entre las constructoras existieron relaciones societarias, formaron uniones temporales de empresas (UTE), compraventas de terrenos y asociaciones de promoción inmobiliaria.

Los agentes de la Guardia Civil elaboraron un informe hace un año y concluyeron que existían vínculos entre la mayoría de empresas, lazos de tipo societario o a través de relaciones mercantiles, pasadas o presentes. Los investigadores determinaron que la empresa familiar de la ministra Báñez carecía de relaciones societarias con el resto de constructoras, aunque sí subrayaron la venta de una finca urbana en Huelva al grupo Sando por 426.832 euros, operación cerrada en 2004.

Tras las últimas imputaciones, ya son 23 los acusados por una supuesta alteración de precios en concurso público, fraude y prevaricación, entre los que destaca el ex teniente de alcalde de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos.