Las caras de la quiebra de la EMVS

El timbre de María Ángeles suena diferente al de sus vecinos. Cuando abre la puerta, sonríe al periodista y pregunta si le puede ayudar en algo. Está acostumbrada a las visitas. Esta señora, que cumplirá 80 años a finales de junio, es la abuela de su edificio; un bloque de 11 viviendas de protección oficial, situado en la calle de Lope de Vega (Las Letras), y del cual el Ayuntamiento planea desprenderse en las próximas semanas junto a otros 17 inmuebles que ha puesto a la venta. “Eh, eh, eh. Espere un momento. ¿Que lo van a vender? ¡No me fastidie!”, resopla esta inquilina. “¡Pero si nadie me ha dicho nada!”, añade confusa.

Nadie es la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS); es decir, la casera de María Ángeles. La semana pasada, EL PAÍS publicó el plan de viabilidad de la EMVS para garantizar su supervivencia en el que figura, entre otras medidas de urgencia, el traspaso de 1.860 de los 6.152 pisos de alquiler que esta empresa tiene en Madrid. Según ha sondeado este periódico, nadie de esta entidad se ha puesto en contacto con los vecinos afectados. No saben, en definitiva, si el nuevo propietario va a respetar sus alquileres. O si van a tener la posibilidad de comprar el piso basándose en el cálculo que viene reflejado en 652 contratos de arrendamiento con opción a compra. Sobre este último punto, una portavoz de la EMVS asegura que los contratos de los adjudicatarios de estas viviendas están garantizados, ya que en caso de producirse la venta de la promoción, “el nuevo propietario se subrogará en todos los derechos y deberes de los inquilinos, por lo que las condiciones de sus contratos actuales con la EMVS no se verán afectados”.

Un jardín con una trama bajo sus raíces

Los vecinos del Pinar de San José comentan que cuando llegaron al edificio se encontraron en un trastero una pila de documentos, aparentemente olvidados, en los que figuraba el coste total del bloque, 5.150.957,47 euros, y las condiciones del mismo. Según la documentación que enseñan, el inmueble tiene videoportero, zona infantil de juego, un jardín, la urbanización está cerrada y los pisos tienen persianas, entre otros acondicionamientos.

La realidad, en cambio, es bien distinta. La urbanización está abierta al público y la tecnología del portal dista mucho de parecerse a la que figura en los papeles. La zona infantil es un pequeño solar de cemento de obra sin pulir “donde si se cae un niño, se desolla”, y el citado jardín, por cuyo mantenimiento aseguran estos vecinos que pagan cerca de 6.000 euros al año, se reduce a un puñado de hierbajos coronado por un montículo de arena que recubre los escombros de las obras del garaje. “Lo supimos cuando empezamos a tener goteras abajo por el riego”, explica Abel. Dentro de las viviendas, hay grietas y desconchones, pero ni rastro de las persianas. En su lugar hay unos paneles de chapa a juego con el suelo de la terraza: un andamio de hierro forjado con rejillas. “Imagínate si andas descalzo por aquí”, sugieren.

Según Abel, llevan seis años pidiendo a la EMVS las cuentas de la Comunidad para saber a qué se destina cada partida de los gastos de mantenimiento del edificio: 57. 515 euros, según la documentación del trastero. “Y seis años después aún seguimos esperando. Estamos pagando por unas condiciones que no tenemos. Todo esto está presupuestado y pagado, ¿dónde está el dinero, quién se lo ha quedado?”, se preguntan estos inquilinos. En una de las carpetas encontradas figura el nombre de la constructora Teconsa, relacionada con la trama Gürtel.

Desde este organismo explican, asimismo, que los vecinos no tendrían que negociar con el nuevo propietario el precio final del piso que solo podría modificarse “a la baja”, y nunca por encima de lo que estipula el Reglamento de Viviendas con Protección Pública de la Comunidad de Madrid. Con todo, esta misma fuente afirma que, en cualquier caso, el Ayuntamiento no está obligado a vender estas viviendas a sus actuales inquilinos, sino que simplemente se recoge esa posibilidad que puede materializarse “o no”, especula.

“La palabra clave es fa-cul-ta-ti-va-men-te”, deletrea Abel. Y acto seguido lee: “El Consejo de Administración de la EMVS podrá, facultativamente, ofrecer en venta al inquilino abajo firmante la vivienda a la que se refiere el contrato”. Lo que quiere decir, efectivamente, que la EMVS no se compromete a nada. “Ni nos han llamado”, concede este inquilino de 44 años del Ensanche de Carabanchel, otra de las promociones en venta.

En julio de 2006, este taxista firmó el contrato de su vida. Aquel que le iba a permitir vivir, por fin, con su mujer y su hijo bajo el mismo techo. Hasta entonces, este matrimonio había tenido que ingeniárselas por separado: él con su madre y ella y el pequeño en casa de sus suegros. Una vida de estrecheces que parecía, en ese momento, aflojarse un poco. Un mes más tarde, esta familia entraba a vivir en un piso de 78 metros cuadrados, con tres habitaciones y dos cuartos de baño, además de trastero y garaje. Y todo por un alquiler de 640 euros, el precio que la EMVS había estipulado. Ahora el pinchazo de esta entidad ha desinflado la realidad de estos miles de inquilinos.

Muchos de estos bloques tienen cargas, por ejemplo, que no presentaban al principio. En este tiempo, los vecinos han hecho su vida, como es lógico, y algunos han tenido hijos. O bien han acudido de nuevo al Registro Civil, como Abel, que siete años después cuenta su historia indignado. “Nos han jodido vivos”, resume mientras baja a otra prisa por las escaleras para ir a buscar a sus hijos al colegio. Ahora tiene tres: el mayor, que ha crecido y tiene 14 años, y dos pequeñas, de cinco y tres. Es casi la hora de comer y en la calle del Pinar de San José, donde vive, solo se escucha el sonido de los aviones del aeródromo de Cuatro Vientos cortando el cielo. A simple vista, el PAU está bien equipado, tal vez por su cercanía con el barrio de Carabanchel Alto: hay farmacias, zonas verdes, un centro de salud, colegios, restaurantes, pequeños bazares o el metro de la Peseta; pero a esta hora las calles se asemejan, sin embargo, a un pueblo costero en temporada baja. Cuesta encontrar a alguien que no viva de puertas para dentro.

Los pocos peatones que se ven aseguran que no sabían nada de la subasta de 859 pisos de la EMVS en este extremo de Madrid. A unas calles de la casa de Abel, un vecino que empuja un carrito con un bebé se para en seco: “¡No me digas! ¿Pero esto desde cuándo? ¿Y los de Salvador Allende están en el lote? ¡No me jodas!”. En ese momento, dos vecinos salen de este portal y se forma un pequeño corrillo: “¿Tú sabías algo, Juan? ¿Yo? ¡Qué va! A mí nadie me ha llamado”. El revuelo es generalizado en buena parte de este ensanche. Aunque en la calle de las Iglesias Extremuros, cerca de la carretera del barrio de la Fortuna, lo que planea es la tragedia. “Lo que me faltaba”, suspira Mariana, de 47 años.

Esta ecuatoriana explica desde el quicio de su puerta su dramática situación: vive con su madre, enferma de diálisis, su hermana, que tiene síndrome de Down, y una hija de 12 años. Entre alquiler y comunidad paga 787 euros; “900 euros si les sumas los gastos”. Trabaja de limpiadora y cobra seis euros la hora. “Si me echan, ¿adónde voy?”, se pregunta entre lágrimas. Lleva casi siete años en su piso y dice que está en trámites de acceder a un alquiler más barato. Asegura que cuando llegó, le dijeron “de palabra” que pasados 10 años podría comprar su vivienda de cuatro habitaciones. “¡Pero ahora se lo van a vender a otro!”, exclama. En el barrio de Opañel, donde residía antes, pagaba 250 euros de alquiler. “Pero si te prometen una vida mejor…”, solloza esta mujer de ojos oscuros.

Abel se enteró de la venta por la prensa. Aunque algo ya se rumoreaba en su escalera del Pinar de San José. Algunos vecinos habían oído rumores en otros bloques, pero fue el artículo de EL PAÍS el que les sacó de dudas. “Lo peor es que no nos dan a nosotros la prioridad de la opción a compra, que es lo que pedimos”, clama. El Plan Estatal de Vivienda no contempla este supuesto, pero sí permite la venta de todo el edificio en su conjunto a sociedades que tengan por objeto su destino a alquiler; siempre que el nuevo propietario mantenga el edificio en régimen de arrendamiento durante el periodo de calificación.

Este taxista calcula que lleva invertidos en su piso 48.240 euros. Pero en esta familia ahora solo entra un sueldo; su mujer, auxiliar administrativa, está en paro. Les faltarían otros tres años más para llegar a los 10, que es el tiempo que se calcula que se tarda en pagar el valor de la construcción de la vivienda. “Con la edad que tengo, si no me hubieran asegurado la compra, no estaría aquí tirando el dinero y aguantando desperfectos”, dice.

De goteras, desconchones, grietas o falsos techos saben también en el Ensanche de Vallecas. El edificio de la calle de la Granja de San Ildefonso, uno de los 916 que se subastan en la zona, mucha menos arraigada que Carabanchel, es todo un cúmulo de deterioros. “A ver si encuentran a alguien que lo quiera”, comenta irónico un vecino en la entrada del portal. La razón, acaso, de que haya 24 viviendas vacías de 50, según calculan sus inquilinos. Pascual es de los pocos que aún resiste, a pesar de llevar desde 2008 lidiando con humedades y malas calidades. “El seguro no se hace responsable, dice que es cosa de la constructora y la EMVS pasa, ¿a quién reclamas entonces?”, se pregunta retórico este empleado de telemarketing.

En una de las viviendas de este inmueble, una vecina muestra toda una gama de desperfectos incluidos en el alquiler de 660 euros: las puertas de los armarios, por ejemplo, no cierran; el suelo está levantado, las ventanas descolocadas y las terminaciones mal acabadas. “Yo vivo aquí con un bebé que tuve en esta casa, imagínate”, apostilla. En este portal sí están enterados de la venta, pero nadie de la EMVS le ha llamado, igualmente, para informarles de los detalles. “Cuando haya alguna novedad, se les comunicará la nueva situación. De momento, se están estudiando las ofertas”, abundan.

María Ángeles, la vecina de Lope de Vega, ya pasó por un proceso de venta similar. Y ya no pica: “Me dijeron que me iban a llevar a uno mejor y era mentira”. Se refiere a cuando la trasladaron de la calle de las Infantas, donde había vivido toda su vida, a su casa actual, de 30 metros cuadrados, en la que lleva algo más de un año. “Allí tenía ocho balcones y pagaba 200 euros; aquí pago 300 y pico con 600 euros de pensión y fíjate qué casa”.

El bloque, uno de los 33 que se venden en el Centro, es similar a otros de otras promociones hechos de planchas de metal con rejillas que tiemblan al caminar. Para andar, María Ángeles se ayuda de una muleta. “Llevo prótesis en las rodillas”, explica mientras enseña el interior de su piso: una cocina sin puertas, “que cuando cocinas se te llena todo de humo”; dos dormitorios; un pequeño baño y muchas fotos: “Pero soy soltera y sin hijos”. Lo que no impide que tenga una decena de nietos: los vecinos que le traen la comida y la cena cuando está enferma. A ella y a su canario Collarín. “Yo me quedo aquí hasta el final”, se jacta esta antigua vendedora de libros. Sus vecinos tienen el caso en manos de un abogado. Pero a María Ángeles no le hace falta. Se basta ella sola: “Si tienen narices que vengan aquí y llamen al timbre”.