Alcaldes del PSC boicotearán una consulta no pactada con el Gobierno

Varios alcaldes socialistas del área metropolitana de Barcelona han mostrado su total oposición a que se celebre una consulta no pactada con el Gobierno de Rajoy sobre el futuro político de Cataluña e incluso su decisión de boicotearla. Los ediles creen que una consulta amparada por la ley que tramita el Parlamento catalán no tendría trascendencia legal y que, en esas condiciones, no tiene sentido celebrarla.

Los alcaldes consultados por EL PAÍS coinciden en que su prioridad es atender a los ciudadanos que sufren los efectos de la crisis y son reacios a hablar del debate soberanista. Con todo, algunos de ellos han acabado expresando su opinión.

“Nosotros no fomentaremos una consulta de pandereta ni queremos saber nada si no se pacta porque somos una institución pública”, explica Núria Parlon, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet y diputada autonómica del Partit dels Socialistes (PSC). “La tolerancia tiene un límite, que es la estupidez”, remacha, y recuerda la moción que aprobó su Ayuntamiento a favor del derecho a decidir y que recoge la postura oficial del partido: que Artur Mas pacte con Mariano Rajoy consultar a los catalanes como sucederá en 2014 en Escocia. Tanto el PSOE como el PP son contrarios a ese acuerdo, ya que es también la vía aplicada en dos ocasiones en Quebec.

Si hubiese un pacto entre Madrid y Barcelona, el PSC ya ha anunciado que pedirá el no. “Si no es una consulta legal y acordada no nos subiremos a ese carro, porque estamos engañando a la gente. El resultado no conduce a ningún sitio”, dice Parlon.

Fuera de Barcelona, muchos ediles y cuadros están por la independencia

El Ayuntamiento de L'Hospitalet de Llobregat, la segunda ciudad más poblada de Cataluña y que también tiene alcalde socialista, se posicionó hace unos días en contra de una consulta que no fuese pactada. El pleno municipal aprobó una moción en la que la institución local se compromete a no facilitar ni los equipamientos ni los medios necesarios para celebrar esa hipotética consulta.

Su alcaldesa, Núria Marín, no quiere abundar más en ello y da el tema por cerrado, pero el pasado 25 de mayo el PSC local repartió octavillas por la ciudad en contra de la independencia y explicando que lo prioritario para ellos es la lucha contra crisis.

El pronunciamiento de L'Hospitalet fue duramente criticado el pasado lunes en un manifiesto de diversos cuadros del sector más catalanista del PSC. En el texto se acusa a la dirección liderada por Pere Navarro de justificar el “unionismo” por su postura antiindependentista y reclama que sea más tolerante con todas las sensibilidades del partido.

Fuera del área metropolitana de Barcelona y de esta provincia, el posicionamiento de muchos alcaldes y cuadros del PSC es distinto. Un ejemplo es el de Joaquim Nadal, exconsejero de Política Territorial durante siete años y el exalcalde de Girona, quien aseguró el pasado lunes que votaría sí en caso de que se celebrase la consulta convocada por la Generalitat. Tras la postura de los alcaldes metropolitanos subyace un posicionamiento para acotar el crecimiento de PP y Ciutadans en las próximas elecciones municipales, mientras que fuera de Barcelona, el caso es bien distinto y se trataría de no desangrarse todavía más en 2015 en favor de CiU y Esquerra Republicana.

Antoni Balmón, secretario de acción política del PSC y alcalde de Cornellà, otra de las ciudades más pobladas de Cataluña, niega la mayor. “La Generalitat no puede convocar una consulta que no sea pactada y por eso creo que no es posible celebrarla”, explica. “Lo primero que tiene que hacer un Gobierno, sea el que sea, es respetar la legalidad y si convoca la consulta unilateralmente parecerá una broma”, añade el número dos del PSC.

Balmón dice estar “harto” de que “el PSC se tenga que examinar cada día del derecho a decidir” y defiende la postura de los alcaldes, sean metropolitanos o no, de “expresar lo que crean más conveniente”. El dirigente socialista anuncia que el partido no dará ninguna consigna para dificultar o facilitar la consulta que pueda convocar Mas y que muy probablemente impugnará el Gobierno y será suspendida por el Tribunal Constitucional. “La consulta que no sea legal y pactada me parece una broma”, dice Balmón.

El dirigente socialista advierte que si la Generalitat convocase la consulta, el Instituto Nacional de Estadística no facilitará el censo electoral “y así es muy difícil que se celebre”. La Generalitat ya ha especulado en algún momento con ese escenario y entre las posibilidades que baraja figura que la tarjeta sanitaria sirva como documento acreditativo para poder votar o bien emplear el padrón municipal. En ambos casos el censo electoral sería distinto del habitual, porque incluiría ciudadanos inmigrantes.

En Viladecans también gobierna el PSC y se aprobó hace días un acuerdo con la postura oficial el partido. Su alcalde, Carles Ruiz, cree que España necesita una Constitución que sustituya a la de 1978 porque una amplia generación no la votó. Sin embargo, considera que “una consulta que no sea legal no tiene ningún sentido porque no sabemos dónde va”. En caso de que se celebre, los ciudadanos necesitarían información sobre todas las opciones, dice Ruiz, y hoy por hoy, asegura, “los medios públicos catalanes no lo aseguran”.