Una organización triplicada

La simplificación del sector público empresarial es un debate político que viene de años atrás y que UPyD, sobre todo, ha llevado de forma insistente al Parlamento. Esta línea de trabajo discurre en paralelo a otro gran asunto en el que están involucrados los partidos, como es la eliminación de las duplicidades entre Gobierno, diputaciones y ayuntamientos.

El Parlamento creó una comisión monográfica sobre duplicidades tras un estudio elaborado por el anterior Gobierno que cuantifica en 403 millones de euros el coste de las acciones solapadas entre las administraciones. Este informe, conocido durante la pasada legislatura, fue muy criticado por el PNV.

Las mayores coincidencias se dan en políticas de impulso económico, industria e I+D (124,5 millones) y en servicios sociales (113,5 millones). En industria e investigación, por ejemplo, una competencia exclusiva del Gobierno, tanto las diputaciones como los ayuntamientos desarrollan actividades “careciendo de amparo normativo básico o sectorial”, y llegan incluso a impulsar acciones de internacionalización.

Economistas, juristas y representantes institucionales coincidieron en que la arquitectura administrativa vasca requiere una profunda reconversión para eliminar los servicios desdoblados y el derroche de recursos económicos. No se ha avanzado nada en esta cuestión y así sucede que Euskadi tiene una sociedad de promoción para cada uno de los aeropuertos, tres palacios de congresos, otros tantos consorcios de transportes, sociedades informáticas en cada nivel institucional...

La inexistencia de una ley Municipal que clarifique las competencias municipales y la resistencia del PNV a revisar la Ley de Territorios Históricos dificulta que el País Vasco se dote de una organización institucional más eficaz.