El PP eleva su ataque a los abogados del Estado de Cádiz

En pleno juicio por el caso Rilco, en el que los dos abogados del Estado de Cádiz acusan a dos exdelegados en la Zona Franca de Cádiz de malversar dinero público con un portal de comercio electrónico con América, el PP ha decidido elevar a la jefatura de la Abogacía General del Estado en Madrid un informe en el que acusan a estos dos letrados de “mala praxis” y desasistir al Consorcio. El teniente de alcalde y senador, José Blas Fernández, les ha acusado de moverse por el dinero para cobrar por asistir a plenos y comités y no cumplir su función de velar por la legalidad de las decisiones que se toman en los órganos que asesoran.

Las críticas a estos dos abogados del Estado, Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz, que asesoran la Zona Franca de Cádiz la etapa de José María Aznar en el Gobierno central, no son nuevas pero su tono ha ido elevándose a medida que ha avanzado el juicio, en el que los letrados han sido protagonistas involuntarios en muchas sesiones. José Aurelio Ruiz ejerce de acusación contra aquellos a los que asesoraba en la Zona Franca, lo que le ha valido reproches y críticas de los abogados defensores. Manuel Ponce declaró como testigo y también tuvo que justificar su actuación para prevenir la malversación que se investiga.

Un informe

El informe del PP da cuenta de las supuestas actuaciones de Ponce y Ruiz que han podido perjudicar los intereses de la Zona Franca. Pone ejemplos: uno la propia acusación en el caso Rilco, no recurrir la sentencia que condenó al Consorcio a pagar 13 millones de euros al dueño de la empresa alimenticia Quality Food y su actitud en los plenos y comités. “Yo he reflejado en un acta que me he sentido desasistido por ellos porque ellos cobran por algo más que decir sí o no cuando le preguntan. Ellos tienen que velar por que las decisiones que se tomen en esas reuniones se ajustan a la legalidad”, sostiene el dirigente del PP.

Blas Fernández aseguró que cuando los abogados del Estado tienen que acudir a pleitos por casos menores envían a sustitutos pero nunca faltan a los comités y plenos de la Zona Franca. “Porque cobran”, explicó.

Este ataque a los letrados se suma al anuncio de uno de los exdelegados de la Zona Franca acusado en el caso Rilco, Manuel Rodríguez de Castro, de denunciar a Manuel Ponce por perjurio en su declaración como testigo en el juicio. La sala evitó realizar el careo que Castro pretendía con el abogado del Estado.

La vista por Rilco continuó este viernes con la declaración de los peritos, que no se pusieron de acuerdo en valorar si era o no un buen negocio. Uno de ellos sostuvo claramente que sí, pero que era un proyecto rentabilizable a largo plazo, que no podía obtener beneficios inmediatos. Otros, profesores de la Universidad de Sevilla, sostuvieron que se pagó por él mucho más de lo que valía. Las defensas de los ex delegados trataron de cuestionar la independencia de estos dos profesores al advertir de que habían sido contratados directamente por el delegado en la etapa socialista, José de Mier.