Generalitat, PSPV y una ONG piden más de 10 años de cárcel para Blasco

La situación de Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat valenciana, portavoz del PP hasta hace unos meses y todavía diputado autonómico popular, imputado en la causa que investiga el desvío de ocho millones de fondos públicos destinados al Tercer Mundo, se volvió este lunes insostenible. El frágil equilibrio en el que Blasco se ha movido en los últimos meses, renunciando a su posición y a los cargos solo cuando no cabía ninguna otra salida, saltó este lunes definitivamente por los aires con la presentación por las acusaciones de sus peticiones de pena. La propia Generalitat, de la que Blasco formó parte como consejero hasta hace dos años, los socialistas y el presidente de la ONG Familias Sin Fronteras solicitaron más de 10 años de cárcel para él como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental.

Se trata de los cuatro delitos que, de forma indiciaria, le atribuyó la propia magistrada instructora, María Pía Calderón, en el auto que dio por concluida la instrucción de la primera de las dos piezas separadas que, de momento, tiene la causa.

El PSPV-PSOE concretó su petición de pena en 15 años de prisión y 30 de inhabilitación para cargo o empleo público. La acusación popular que representa Antonio Penadés, escritor y miembro de la ONG Familias Sin Fronteras por la Infancia, solicitó 13 años de prisión e inhabilitación por un periodo de 10 a 15 años. La Abogacía de la Generalitat pidió una pena solo ligeramente inferior, según confirmaron distintas fuentes.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, condicionó la semana pasada la continuidad de Blasco en el Grupo Popular de las Cortes Valencianas a la petición de la Abogacía de la Generalitat y al auto de apertura de juicio oral por parte del TSJ. Una situación que ha aumentado la tensión interna del Grupo Popular, donde los diputados —incluidos los ocho imputados en los casos Gürtel y Brugal y el expresidente Francisco Camps que promocionó al exconsejero— tendrán que dar su visto bueno a la decisión de apartar a Blasco, a no ser que el también exportavoz popular pida voluntariamente su exclusión. En el PP confían en no tener que adoptar ninguna decisión sobre la continuidad de Blasco en el grupo parlamentario hasta que el TSJ emita el auto de apertura de juicio oral, una decisión que no se producirá hasta que se hayan resuelto los recursos de reforma y apelación de las partes. Resoluciones que, previsiblemente, no se producirán antes de que acabe el actual periodo de sesiones de las Cortes Valencianas.

La primera pieza separada del caso Blasco está centrada en una de las muchas operaciones que, según la investigación, llevó a cabo la trama tejida en torno al entonces consejero de Solidaridad y Ciudadanía. En concreto, el desvío de 1,2 millones de euros que debían servir para abrir pozos y mejorar la agricultura en una zona de Nicaragua y que terminaron, en cambio, invertidos en la compra de tres pisos y una plaza de garaje en Valencia.

Según Anticorrupción y la juez instructora, Blasco y el otro cabecilla de la trama, Augusto César Tauroni, que lleva en prisión preventiva desde febrero de 2012, urdieron un plan para desviar los fondos públicos. Para ello, según la investigación, recurrieron a la prácticamente desconocida Fundación Cultural para Estudios Sociales (Cyes), presidida por el también imputado Marcial López, a quien contactó Tauroni. Este también se habría lucrado, al haber facturado por servicios supuestamente falsos 456.960 euros a la Fundación Cyes. Esa cantidad, subrayó la juez en su último auto, representó el 25% de los fondos que la fundación recibió en 2008 de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que incluyendo subvenciones menores se elevaron a 1,8 millones de euros. Un porcentaje redondo que, según la investigación, coincidiría con la comisión previamente entre Tauroni y el presidente de la Fundación Cyes.

“El perjuicio nos obliga a pedir penas máximas”, dice la socialista Barceló

“Más allá del reproche social cabe entrar en el procedimiento penal, entendiendo que el perjuicio ocasionado nos obliga a calificar estos hechos con las penas máximas previstas”, señaló la presidenta del Grupo Parlamentario del PSPV-PSOE, Ana Barceló. Además de Blasco, a quien piden 15 años de prisión y 42 de inhabilitación, así como el pago de una indemnización de 1,9 millones de euros, los socialistas solicitan 15 años a Agusto César Tauroni, el principal imputado del caso, y a Tina Sanjuán, ex secretaria general de Administración de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. A Marcial López, que fue presidente de la Fundación Cyes, le solicitan siete años de prisión.

Los socialistas, cuya diputada Clara Tirado presentó la denuncia inicial a la Fiscalía Anticorrupción, piden también ocho años de prisión para el que fue jefe de área de Cooperación, Marc Llinares, y seis años para ex altos cargos como Alexandre Català y Josep Maria Felip. Al jefe de gabinete de Blasco, Xavier Llopis, le piden otros seis años. Y para la empleada de la Fundación Cyes María José Cervera, tres años.

Barceló dijo que Alberto Fabra, no debe esperar “ni un segundo más” para expulsar a Blasco del Grupo Popular.