Un imputado implica a Zarrías en la inclusión de intrusos en los ERE

Juan Francisco Trujillo, chófer del ex director general de Trabajo Javier Guerrero, acusó al secretario federal de Política Municipal del PSOE y exconsejero de la Presidencia del Ejecutivo autónomo Gaspar Zarrías, de haber incluido intrusos en los ERE fraudulentos. Trujillo inculpó al diputado a Cortes socialista de ordenar la inclusión de personas prejubiladas, pese a que eran ajenas a las empresas beneficiadas por los ERE, en su declaración como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado marzo durante la Operación Heracles.

“Zarrías llamó en varias ocasiones a Guerrero para incluir a personas en prejubilaciones. Lo conocía por comentarios de Guerrero”, relató el antiguo conductor a la magistrada, durante su comparecencia, que ha trascendido tras levantar Alaya el secreto de sumario la semana pasada.

Zarrías, diputado a Cortes y antiguo número dos de la Junta durante 13 años, ha rechazado de plano las acusaciones. “Es una tontería. En mi vida he llamado a nadie para incluir intrusos. La credibilidad de ese señor es nula”, ha contestado. Cuando la fiscalía pidió a Trujillo los nombres de los intrusos, este dijo que Guerrero no se los detalló. Lo cierto es que la juez no ha movido ficha al respecto, ya que al ser Zarrías aforado, si Alaya viera indicios de delito en su contra debe remitir esa parte de la causa al Tribunal Supremo, un paso que de momento no ha dado.

El exconsejero de Empleo y también diputado a Cortes José Antonio Viera ya fue señalado hace un año y medio por la Guardia Civil por su “papel esencial” en las ayudas a empresas de la Sierra Norte sevillana, y de momento Alaya tampoco ha informado al alto tribunal sobre este aforado.

Las graves acusaciones de Trujillo, imputado por 22 delitos y que admitió en su día haber gastado 900.000 euros en cocaína y fiestas junto a Guerrero, incidieron en la conexión de Zarrías con el intermediario Juan Lanzas. “Lanzas presumía de tener línea directa con Gaspar Zarrías. Podría pasar que le transmitiera a Guerrero alguna orden, petición o consejo de Zarrías”, explicó. Sin embargo, la Guardia Civil explicó en un informe dos semanas antes de la declaración de Trujillo, que la relación entre Lanzas y Zarrías es "de difícil definición" y no está clara. Los testimonios de los investigados "no aportan elementos de prueba suficientes para poder definir la misma, apuntando meras conjeturas carentes o escasas de validez", subraya el informe policial.

El chófer relató las supuestas presiones del diputado para que la empresa de azulejos Gres de Vilches (Jaén) recibiera ayudas de la Junta. Zarrías admitió ayer haber acudido a numerosas reuniones para intentar salvar la firma que finalmente cerró y presentó un ERE subvencionado por la Consejería de Empleo, pero nunca a solas con Guerrero. Este nunca ha reflejado las acusaciones de Trujillo sobre Zarrías durante sus dos extensas declaraciones judiciales ante Alaya.

El chófer aludió a una reunión entre Guerrero y el presidente de la Junta y exconsejero de Hacienda, José Antonio Griñán, “para desatascar el retraso en los pagos de subvenciones”. Trujillo mencionó llamadas telefónicas entre ambos en las que Guerrero reclamaba la ampliación de los pagos. La respuesta de Griñán fue tajante: “En mi vida me he reunido con el señor Guerrero y nunca ha sido director general mío”, enfatizó. Por último, Trujillo acusó a Francisco Reyes, secretario general del PSOE de Jaén, de ser socio de Lanzas en una de sus múltiples empresas. “Totalmente falso”, replicó Reyes.

Mientras, la juez ha abierto una nueva vía de investigación para determinar si a través de las asociaciones de trabajadores creadas en grandes ERE con cientos de trabajadores, se desviaron fondos públicos hasta empresas de la trama corrupta, tal y como sostiene la Guardia Civil.

Los investigadores han constatado el desvío de fondos en el caso de la Asociación de la Faja Pirítica, el expediente más caro con casi 120 millones: “Fondos transferidos a la mediadora Uniter para en muchos casos ser desviados irregularmente a terceras personas mediante la utilización de empresas instrumentales”, detalla uno de los oficios.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) destacan supuestas irregularidades en el expediente onubense, y consideran que puede ser un patrón para el abuso de las sobrecomisiones pagadas a través de las asociaciones de trabajadores en otros ERE como Delphi o Santana Motor. “Los fondos son desviados de manera irregular a fines para los cuales no se habrían librado”, abundan.

Los investigadores concluyen que el dueño de Uniter, José González Mata, percibió desde el grupo Generali ingresos por 32 millones, pero declaró solo 12 millones.