El Consell ordenó ocultar a la UE el método de gestión de ayudas rurales

La Generalitat gestionó con muy poca diligencia los 128 millones de las dos líneas para desarrollo rural que ha tenido en marcha para el periodo 2008-2013, según revela la abundante documentación que investiga la Fiscalía de Valencia por si esa administración de dinero público hubiese sido constitutiva de delitos. Pero la Consejería de Agricultura no gestionó sola todos esos fondos. En el año 2010, el departamento, dirigido entonces por Maritina Hernández, firmó un convenio de colaboración con una entidad privada, Fevader, por la cual le cedía la “gestión de las ayudas”, o al menos de parte de ellas, mediante la “tramitación” material de expedientes de subvenciones. El convenio, al que ha tenido acceso este diario, señala expresamente que dicho acuerdo no debía remitirse a la Unión Europea, que financiaba parcialmente las ayudas.

La Consejería de Agricultura alude en el documento a un decreto del Consell (147/2007) para concluir “que el presente convenio no precisa su notificación o documentación a la citada Comisión (Europea) por no existir aportación económica alguna por parte de esta consejería para la ejecución de este convenio”. La entidad Fevader y el entramado de asociaciones, fundaciones e instituciones que la componen, sí recibió, sin embargo, dinero a cambio de la tramitación de los expedientes, y su personal estuvo físicamente y muy a menudo en la sede de la Subdirección General de Desarrollo Rural.

El servicio de supervisión rechazó tres veces el proyecto promovido por el alcalde de L'Orxa

Fevader es, por otra parte, una institución singular. Aunque en el convenio firmado con Agricultura se señala que se rige por el derecho privado, su presidente es el alcalde popular de L’Orxa (comarca de El Comtat), Guillermo Moratal. Fevader es, además, un conglomerado de Grupos de Acción Local (GAL), la figura elegida para articular el despliegue de las medidas de impulso económico de las zonas rurales valencianas cofinanciadas por Europa.

El territorio valenciano quedó dividido en ocho zonas, al frente de cada cual se puso un GAL. A pesar de que sobre el papel estos grupos debían ser un compendio de empresarios, Ayuntamientos, cooperativas y asociaciones civiles, el control de los mismos quedó claro en la resolución del 10 de diciembre de 2012 de la Consejería de Industria: los responsables de los ocho GAL de la Comunidad Valenciana serían otros tantos alcaldes del PP. Y en concreto: José Domingo Giner (alcalde de Sant Rafael del Riu); Alfredo Querol (Todolella); Vicente Pelayo (Gaibiel); Francisco Javier Oltra (Tuéjar): Rafael Zahonero (Siete Aguas); Santiago Arévalo (Enguera), Juan Vicente Estruch (Ador), y Guillermo Moratal (L’Orxa).

Para entonces, la mayor parte de los fondos públicos ya se habían pagado

Se da la circunstancia de que Fevader gestionó expedientes promovidos por los mismos Grupos de Acción Local que lo componían. Entre esos expedientes se cuentan buena parte de los que ahora investiga la fiscalía al estar aparentemente plagados de irregularidades o haberse destinado a fines prohibidos por la normativa europea.

Siendo alcalde del municipio de L’Orxa, representante del GAL número ocho (llamado Ceder Aitana) y de Fevader, podría pensarse que los proyectos promovidos por Guillermo Moratal se ceñirían especialmente a la ley y normas de tramitación. El Servicio de Supervisión de Proyectos de la Consejería de Infraestructuras, tumbó sin embargo uno de ellos, destinado a ser un centro de interpretación de energías renovables, tres veces en menos de un año debido a las irregularidades detectadas.

El proyecto consistía en “un edificio de nueva construcción”, “aunque las características constructivas del mismo no están claramente definidas debido a la serie de contradicciones que aparecen en los distintos documentos aportados”, señala el primer informe, de julio de 2012. “Aparecen incoherencias en la definición de forjados, soleras, cerramientos de fachada, carpintería, acabado de cubierta, etc. Es decir, en la gran mayoría de las unidades de obra necesaria para su ejecución”.

El dictamen destaca que en el proyecto ofrece dos importes distintos de presupuesto: 166.101 euros y 210.000 euros. Y continúa: “El plano de emplazamiento no proporciona ninguna información, ni figura una dirección concreta del resto del proyecto. Ni siquiera una referencia catastral que permita identificar la parcela donde se prevé la construcción del edificio”.

El proyecto presentado ni siquiera planteaba su intención de acogerse a la línea de ayudas cofinanciadas por Bruselas (Ruralter-Leader). Y en la documentación se señalaba, por una parte, que su promotor era el Ayuntamiento de L’Orxa, pero al mismo tiempo esa referencia había sido “tachada” y se había “sobrescrito manualmente” el nombre de Ceder Aitana. Moratal presidía los dos.

Pese a ser un proyecto seleccionado en la convocatoria de 2009, y que por tanto ya había recibido la mayoría de fondos, el informe considera que la carencia de requisitos es tal que no entra a valorar el fondo, “ya que la falta de definición impide su correcta interpretación”. El Servicio de Supervisión rechazó en otras dos ocasiones el proyecto. La última, el 3 de diciembre de 2012.