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El Consell ordenó ocultar a la UE el método de gestión de ayudas rurales

Una entidad de carácter privado, copada por alcaldes del PP, controlaba los proyectos

Su presidente, regidor de L'Orxa, promovió un expediente especialmente irregular

Los exconsejeros Trinidad Miró, Rafael Blasco y Maritina Hernández, la semana pasada en sus escaños de las Cortes Valencianas.
Los exconsejeros Trinidad Miró, Rafael Blasco y Maritina Hernández, la semana pasada en sus escaños de las Cortes Valencianas.

La Generalitat gestionó con muy poca diligencia los 128 millones de las dos líneas para desarrollo rural que ha tenido en marcha para el periodo 2008-2013, según revela la abundante documentación que investiga la Fiscalía de Valencia por si esa administración de dinero público hubiese sido constitutiva de delitos. Pero la Consejería de Agricultura no gestionó sola todos esos fondos. En el año 2010, el departamento, dirigido entonces por Maritina Hernández, firmó un convenio de colaboración con una entidad privada, Fevader, por la cual le cedía la “gestión de las ayudas”, o al menos de parte de ellas, mediante la “tramitación” material de expedientes de subvenciones. El convenio, al que ha tenido acceso este diario, señala expresamente que dicho acuerdo no debía remitirse a la Unión Europea, que financiaba parcialmente las ayudas.

La Consejería de Agricultura alude en el documento a un decreto del Consell (147/2007) para concluir “que el presente convenio no precisa su notificación o documentación a la citada Comisión (Europea) por no existir aportación económica alguna por parte de esta consejería para la ejecución de este convenio”. La entidad Fevader y el entramado de asociaciones, fundaciones e instituciones que la componen, sí recibió, sin embargo, dinero a cambio de la tramitación de los expedientes, y su personal estuvo físicamente y muy a menudo en la sede de la Subdirección General de Desarrollo Rural.

El servicio de supervisión rechazó tres veces el proyecto promovido por el alcalde de L'Orxa

Fevader es, por otra parte, una institución singular. Aunque en el convenio firmado con Agricultura se señala que se rige por el derecho privado, su presidente es el alcalde popular de L’Orxa (comarca de El Comtat), Guillermo Moratal. Fevader es, además, un conglomerado de Grupos de Acción Local (GAL), la figura elegida para articular el despliegue de las medidas de impulso económico de las zonas rurales valencianas cofinanciadas por Europa.

El territorio valenciano quedó dividido en ocho zonas, al frente de cada cual se puso un GAL. A pesar de que sobre el papel estos grupos debían ser un compendio de empresarios, Ayuntamientos, cooperativas y asociaciones civiles, el control de los mismos quedó claro en la resolución del 10 de diciembre de 2012 de la Consejería de Industria: los responsables de los ocho GAL de la Comunidad Valenciana serían otros tantos alcaldes del PP. Y en concreto: José Domingo Giner (alcalde de Sant Rafael del Riu); Alfredo Querol (Todolella); Vicente Pelayo (Gaibiel); Francisco Javier Oltra (Tuéjar): Rafael Zahonero (Siete Aguas); Santiago Arévalo (Enguera), Juan Vicente Estruch (Ador), y Guillermo Moratal (L’Orxa).

Para entonces, la mayor parte de los fondos públicos ya se habían pagado

Se da la circunstancia de que Fevader gestionó expedientes promovidos por los mismos Grupos de Acción Local que lo componían. Entre esos expedientes se cuentan buena parte de los que ahora investiga la fiscalía al estar aparentemente plagados de irregularidades o haberse destinado a fines prohibidos por la normativa europea.

Siendo alcalde del municipio de L’Orxa, representante del GAL número ocho (llamado Ceder Aitana) y de Fevader, podría pensarse que los proyectos promovidos por Guillermo Moratal se ceñirían especialmente a la ley y normas de tramitación. El Servicio de Supervisión de Proyectos de la Consejería de Infraestructuras, tumbó sin embargo uno de ellos, destinado a ser un centro de interpretación de energías renovables, tres veces en menos de un año debido a las irregularidades detectadas.

El proyecto consistía en “un edificio de nueva construcción”, “aunque las características constructivas del mismo no están claramente definidas debido a la serie de contradicciones que aparecen en los distintos documentos aportados”, señala el primer informe, de julio de 2012. “Aparecen incoherencias en la definición de forjados, soleras, cerramientos de fachada, carpintería, acabado de cubierta, etc. Es decir, en la gran mayoría de las unidades de obra necesaria para su ejecución”.

El dictamen destaca que en el proyecto ofrece dos importes distintos de presupuesto: 166.101 euros y 210.000 euros. Y continúa: “El plano de emplazamiento no proporciona ninguna información, ni figura una dirección concreta del resto del proyecto. Ni siquiera una referencia catastral que permita identificar la parcela donde se prevé la construcción del edificio”.

El proyecto presentado ni siquiera planteaba su intención de acogerse a la línea de ayudas cofinanciadas por Bruselas (Ruralter-Leader). Y en la documentación se señalaba, por una parte, que su promotor era el Ayuntamiento de L’Orxa, pero al mismo tiempo esa referencia había sido “tachada” y se había “sobrescrito manualmente” el nombre de Ceder Aitana. Moratal presidía los dos.

Pese a ser un proyecto seleccionado en la convocatoria de 2009, y que por tanto ya había recibido la mayoría de fondos, el informe considera que la carencia de requisitos es tal que no entra a valorar el fondo, “ya que la falta de definición impide su correcta interpretación”. El Servicio de Supervisión rechazó en otras dos ocasiones el proyecto. La última, el 3 de diciembre de 2012.

Los responsables lo niegan

Fuentes cercanas a los cargos que gestionaron los 128 millones de euros de ayudas al desarrollo rural ahora investigadas por la Fiscalía de Valencia y por la oficina antifraude de Bruselas (OLAF) admitieron ayer que el convenio de agosto de 2010 que reguló la entrada de la entidad privada Fevader contenía la negativa a informar del mismo a la Comisión Europea, cofinanciadora de las subvenciones. Las fuentes negaron, sin embargo, que tal decisión fuera irregular e insistieron en que dicho convenio, pese a regular el objeto, plazo y obligaciones de los firmantes (Fevader y la Consejería de Agricultura), no contenía “contraprestaciones económicas” y no era necesaria remitirlo a la UE.

Las mismas fuentes afirmaron que posteriormente se firmaron más convenios entre Agricultura y Fevader que recogieron los “gastos de funcionamiento” que la Administración debía pagar a la entidad por la tramitación de los expedientes. Esos convenios sí fueron remitidos a Bruselas, explicaron las fuentes, que ayer no disponían, sin embargo, de ellos. Las fuentes también aseguraron que la selección de Fevader para dicho trabajo se hizo “en una convocatoria con publicidad y concurrencia”, pero al que solo se presentó la mencionada entidad.

El convenio de agosto de 2010 confirma las carencias del departamento que tenía en sus manos la gestión de 128 millones para desarrollo rural. La entrada de Fevader en la tramitación de los expedientes se justifica en el documento afirmando que el incremento de solicitudes “exige un esfuerzo que ya no puede ser cubierto exclusivamente con los medios que cuenta esta dirección general”.