La UE mantiene que hubo anomalías en los proyectos hídricos en Andalucía

El Tribunal General de la Unión Europea (UE) ha rechazado este miércoles el recurso presentado por España contra las correcciones financieras impuestas por la Comisión Europea (CE) a las ayudas, concedidas hace una década, para varios proyectos relacionados con el tratamiento y suministro de aguas en Andalucía. El tribunal ha rechazado el argumento de las autoridades españolas de que "no se había fraccionado artificialmente los proyectos para eludir la aplicación de ciertas normas del derecho de la UE, sino que se trataba de proyectos independientes que requerían, por tanto, licitaciones separadas". La decisión reduce a 7,7 millones de euros las ayudas comunitarias dadas a la comunidad.

La CE concedió a España entre 2000 y 2002 ayudas con cargo al Fondo de Cohesión para los proyectos Andévalo (9.135.373 euros), del Guadalquivir (32.079.293 euros) y de Granada y Málaga (17.925.453 euros) y todos fueron ejecutados por la Junta de Andalucía, que los delegó en la empresa GIASA, dice la sentencia.

El primer proyecto buscaba mejorar las condiciones de suministro y abastecimiento de agua a los municipios situados en la cuenca del río Guadiana en la comarca de Andévalo y fue ejecutado por la dirección general de Obras Hidráulicas de la Junta de Andalucía.

Los proyectos Guadalquivir se destinaban a mejorar el tratamiento de las aguas residuales en la cuenca de ese río de conformidad con la directiva sobre el tratamiento de las aguas residuales urbanas, y afectaba a los municipios de Morón de la Frontera, Arahal y Mairena-El Viso del Alcor, y otro destinado a la construcción de un colector a lo largo del Guadalquivir en la zona de El Aljarafe.

El tribunal asegura que los contratos de los proyectos "cumplían una misma e idéntica función técnica o económica"

Por su parte, el grupo de proyectos Granada y Málaga buscaba mejorar las condiciones de suministro y abastecimiento de agua a los municipios situados en esas dos provincias andaluzas, e incluía la construcción de un anillo de circunvalación y un depósito regulador para abastecer de agua a Antequera, y otro depósito regulador y un cierre de malla para igual objetivo en la Axarquía.

El Ejecutivo comunitario, recuerda el tribunal en su sentencia, afirmó haber descubierto a través de sus auditorías en España "ciertas irregularidades relativas al incumplimiento por las autoridades españolas de las normas en materia de contratación pública con relación con estos tres grupos de proyectos". Entre ellas nombra el fraccionamiento artificial de ciertos concursos en varios de menor cuantía, eludiendo así la obligación de publicar un anuncio en el Diario Oficial de la UE o la inclusión, como criterio de atribución del concurso "de la experiencia en España, en Andalucía y con la empresa GIAHSA, en vulneración de los principios de igualdad de trato y no discriminación".

Tras detectar esas y otras irregularidades, la CE decidió en junio de 2010 unas correcciones financieras a los proyectos, con lo que el de Andévalo se redujo a 1.642.572,60 euros, los del Guadalquivir a 3.837.074,52 euros y los de Granada y Málaga a 2.295.581,47 euros. España recurrió entonces la decisión de la Comisión y solicitó su anulación, pero el Tribunal General de la UE ha indicado que coincide con la CE en que esos contratos "cumplían una misma e idéntica función técnica o económica y, por lo tanto, constituían una sola y misma obra que no podía fraccionarse en contratos públicos distintos".

También estimó que, en los tres casos, la proximidad temporal de los anuncios de licitación, su similitud y la existencia de una única entidad adjudicadora constituían pruebas adicionales que respaldaban la idea de que los objetos de los contratos controvertidos correspondían a una sola obra.