La Generalitat ocultó el destino de 50 millones de ayudas al desarrollo rural
Ayuntamientos y entidades cercanas al PP acapararon gran parte de los fondos Las subvenciones financiadas se publicaron un año después de lo que exige la ley
La Generalitat ocultó el destino de más de 50 millones de euros en ayudas al desarrollo local cofinanciadas por Europa. Se trata de cerca de la mitad de los 128 millones que sumaron las dos líneas de subvenciones que administró la Consejería de Agricultura para el periodo 2008-2013 y que ahora investiga la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia. La ley, el reglamento de subvenciones y la normativa comunitaria obliga a publicar la lista de beneficiarios de las ayudas, las denominaciones de los proyectos a los que se aplicaba y los importes asignados. Agricultura, dirigida entonces por Maritina Hernández, se limitó, sin embargo, a publicar en el Diario Oficial de la Generalitat el nombre del beneficiario —en numerosas ocasiones, el nombre de un ciudadano—, el importe y un código interno identificador del proyecto, pero no su nombre, lo que impide conocer a que se destinaron, al menos someramente, los fondos públicos.
Entre el apabullante número de irregularidades, que como adelantó este periódico afectó tanto al tipo de proyectos subvencionados como al control del uso que los beneficiarios hicieron de las ayudas, alcanzó a los tiempos establecidos por la Unión Europea para publicar oficialmente las ayudas. La publicación de las subvenciones del primer año (2008) de la línea de ayudas Ruralter-Leader se realizó en mayo 2010, un año después de lo que exige Bruselas.
Una puerta abierta a la corrupción
Investigación. La gestión de los 128 millones de euros destinados por la Generalitat al desarrollo de las zonas rurales entre 2008 y 2013 está siendo investigada por la Fiscalía de Valencia y por la OLAF (oficina antifraude de la Comisión Europea) y, en concreto, por un grupo de la Guardia Civil adscrito al organismo europeo.
Proyectos prohibidos. Una significativa parte de las ayudas fueron a alimentar proyectos vetados por la legislación comunitaria, española y valenciana por no ajustarse a los objetivos del programa y, especialmente, al fin de impulsar la economía. Por ejemplo: obras y compras para parroquias y ayudas a peñas taurinas.
Total ausencia de control. Una auditoría realizada por la misma Consejería de Agricultura detectó numerosas y flagrantes infracciones en el plan de control de las subvenciones que, muy tardíamente, aprobó el departamento, dirigido por Maritina Hernández entre junio de 2007 y diciembre de 2012.
Obras sin justificar. A pesar de que la ley lo exige, la consejería no envió los proyectos que contenían obras al Servicio de Supervisión de Proyectos antes de conceder las ayudas. Los programas de ayudas empezaron a aplicarse en 2008, pero hasta 2011 no se envió ningún proyecto para su supervisión. Después, extrañamente, se decidió que la supervisión se realizaría al final del proyecto. Es decir, cuando los trabajos estuvieran concluidos y corregirlos sería muy difícil o caro.
La gestión de los 128 millones está siendo investigada por el fiscal, dada la apariencia inicial que pueden ser constitutivos de delito. Pero los hechos también están siendo indagados por la OLAF, la oficina antifraude de la Comisión Europea, a quien el ministerio público ha puesto sobre aviso y enviado la documentación. Y de esa investigación pueden derivarse consecuencias para la Generalitat que, en un momento de gran fragilidad financiera, podría verse obligada a devolver las ayudas indebidamente empleadas y a verse penalizado por otras vías, como la retirada de calificaciones.
La lectura de la lista de beneficiarios en los años 2008, 2009 y 2010 confirma, además, que el grueso de las ayudas al desarrollo local financiados a partes iguales entre la Generalitat y la UE, fue copado por Ayuntamientos vinculados al PP y entidades próximas al mismo, como la Fundación Blasco de Alagón, en cuyo patronato figuran, entre otros, la Diputación de Castellón y el Gobierno valenciano.
La Administración autonómica destinó al desarrollo rural dos líneas de ayudas, ambas de 64 millones de euros: Ruralter-Leader (cofinanciado por la UE) y Ruralter-Paisaje (100% de la Generalitat). La primera de ellas se distribuyó entre cerca de 1.000 proyectos, por lo que en promedio cada uno de ellos recibió unos 64.000 euros. Pero eso es la media. El repaso de los beneficiarios de las ayudas muestra que algunos de ellos acumularon numerosos proyectos hasta sumar significativas cantidades de dinero.
El Ayuntamiento de Chiva, por ejemplo, a cuyo alcalde, José Manuel Haro, del PP, un juez acaba de abrirle juicio oral por los supuestos delitos de prevaricación y falsedad documental, recibió por ejemplo 592.693 euros por distintos proyectos de desarrollo rural. Al Consistorio de Yàtova se le concedieron 478.801 euros; al de Camporrobles, 429.831; al de Siete Aguas, 431.034; y al de Alborache, 420.967, por mencionar algunos de las ayudas más destacadas. Todos ellos estaban gobernados por entonces por el Partido Popular y recibieron las ayudas a través de varios proyectos de menor cuantía. La Fundación Blasco de Alagón, con sede en la Fàbrica Giner de Morella, se embolsó casi 200.000 euros.
La subdirección de Desarrollo Local, que desde diciembre depende del vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, también concedió ayudas para estimular la economía a decenas de asociaciones y peñas deportivas, taurinas y de amas de casa y a ocho parroquias, todas ellas incompatibles con la normativa europea.
El pueblo del millón de euros
En la caótica gestión de 128 millones de euros para el desarrollo rural destaca el nombre de L’Orxa. Al pequeño municipio de la comarca de El Comtat, de menos de 800 habitantes, se le concedieron subvenciones por importe de un millón de euros que, en la documentación que investiga la fiscalía, resultan especialmente irregulares. L’Orxa recibió las ayudas como Ayuntamiento (201.819 euros) y a través de dos entidades, el Ceder Aitana (301.949 euros) y la descrita en el DOCV como CDR Aitana (581.800 euros). Ambas denominaciones comparten el mismo NIF.
La confusión no es solo entre ellas, sino entre estas y el Ayuntamiento, como prueban varios informes del servicio de supervisión de proyectos, dependiente de la Consejería de Infraestructuras. En ellos el servicio rechaza el proyecto para hacer un museo de energías alternativas advirtiendo, entre otras carencias, de que parte de la documentación identifica como promotor al Ayuntamiento de L’Orxa y, en otras, dicha referencia ha sido “tachada” y se ha “sobrescrito manualmente Ceder Aitana”.
El alcalde de L’Orxa, Guillermo Moratal, del PP, es también presidente de Fevader, una federación de los llamados Grupos de Acción Local a la que la Generalitat cedió parte de la gestión de los expedientes ahora investigado y sus empleados entraron a trabajar físicamente en dependencias de la consejería.
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