Rodríguez de Castro denuncia ahora “torturas” de instituciones del Estado

El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz, Manuel Rodríguez de Castro, ha asegurado este lunes, durante el juicio por el caso Rilco, que la Abogacía del Estado, la Agencia Tributaria y el Tribunal de Cuentas le han “torturado”. En estos mismos términos, ha reclamado amparo al Tribunal Constitucional. “Me han perseguido hasta llevarme a la ruina”, ha sostenido. Rodríguez de Castro ha negado responsabilidad alguna en el desvío de dinero público detectado en la adjudicación del concurso para montar un portal de comercio electrónico con América. “Todo pasaba por los abogados del Estado”, afirma. Cuando le han mostrado los documentos rubricados por él ha negado la mayor. “Esa no es mi firma. La han falsificado”.

Rodríguez de Castro empezó la jornada atendiendo a los medios de comunicación. Tenía ganas de hablar. “Voy a ser la primera persona en España que se querelle contra el Tribunal de Cuentas”, anunció en respuesta a la sentencia de este organismo que le ha condenado a devolver parte de los 4,3 millones de euros supuestamente sustraídos por la puesta en marcha de Rilco. En realidad, según se ha conocido después, lo que ha hecho es recurrir ese fallo ante el Supremo y acudir al Constitucional para denunciar esa supuesta persecución que él llama “tortura”.

El exdelegado se ha definido como un “hombre de negocios”, al que este caso ha perjudicado gravemente. “Vivo con mis padres en Mairena del Aljarafe”, admitió tras confesar que la repercusión del escándalo le llevó a perder varios trabajos en América. También ha negado haber estado nunca en busca y captura como en 2011 llegó a asegurar el exdelegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier. Según su versión, sigue siendo militante del PP y siente el respaldo de su partido. Los populares hacen años que han dejado de apoyarle, al menos, públicamente, pero él dice que no le duele.

La sala le retira a Osuna el delito de falsificación de documento público

Rodríguez de Castro ha despreciado al abogado del Estado, quien, involuntariamente, se ha convertido en protagonista de este juicio. Rodríguez de Castro y su sucesor Miguel Osuna basan su defensa en que la Abogacía del Estado les está acusando cuando fueron sus letrados, Manuel Ponce y José Aurelio Ruiz, los que les asesoraron legalmente durante sus mandatos. “Nada se hacía sin su aprobación”, sostiene Rodríguez de Castro.

La sala, ante estas denuncias, ha decidido que José Aurelio Ruiz, que ejerce personalmente la acusación en representación de la Abogacía del Estado, se mantenga como acusación pero sin tener que declarar como testigo. Su testimonio fue solicitado por la defensa de Osuna. Su abogado había reclamado que fuera relevado como representante de la Abogacía del Estado pero la sala ha preferido evitarle como testigo.

Rodríguez de Castro ha negado cualquier ilegalidad. “Jamás he tocado dinero”. Y ha convertido su declaración en un ataque indiscriminado a los abogados del Estado. “Cobraban cantidades inmensas. Se llevaban hasta jamones. Cuando llegó el PSOE, se asustaron y nos metieron en este lío”, asegura.

De Osuna, Rodríguez de Castro ha sostenido que era un hombre “poco capacitado para los negocios”. Osuna, quien será el primero en declarar el miércoles, ha recibido la buena noticia de que la sala ha aceptado la petición de su defensa para quitarle uno de los delitos por el que le llegan a pedir 13 años de cárcel, el de falsificación de documento público. De esta manera ve reducir su pena máxima en cuatro años

También ha declarado este lunes el matrimonio formado por Germán y Camilia Leiva, propietarios de Miami Free Zone, la empresa a la que Rodríguez de Castro adjudicó el contrato Rilco. Germán Leiva ha admitido haber recibido este contrato a pesar de que su empresa carecía de experiencia en informática.