Zona Franca pide cárcel por Rilco

La Abogacía del Estado, en representación de la Zona Franca de Cádiz, ha reclamado al Juzgado 4 de Cádiz que ordene el ingreso en prisión del exdelegado del PP Manuel Rodríguez de Castro tras la sentencia del Tribunal de Cuentas que le obliga a pagar junto a su sucesor Miguel Osuna 4,3 millones de euros por las irregularidades contables detectadas durante su gestión. El consorcio fiscal cree que hay "riesgo de fuga" porque no atendió la mayoría de requerimientos del Tribunal de Cuentas, como sí hizo Osuna.

Rodríguez adujo problemas económicos, a pesar de reconocerse como consejero e inversor de numerosas empresas en América. El Juzgado 4 es el que instruye la causa penal por el caso Rilco, que investiga el destino del dinero público que la Zona Franca, en la etapa del PP, destinó para poner en marcha un portal informático de comercio iberoamericano. La sentencia del Tribunal de Cuentas deja claro que se trató de un entramado para apropiarse de fondos del recinto fiscal puesto en marcha por Rodríguez de Castro, con la colaboración de unos empresarios de Miami, y que Miguel Osuna continuó.

En el requerimiento presentado, la Abogacía del Estado recuerda que el comportamiento de Rodríguez de Castro durante la investigación contable invita a pensar que se comportará de igual forma en el juicio que se inicie una vez se cierre la instrucción penal. "En un principio, compareció asistido por abogado y procurador pero, a medida que el proceso avanza y se pone en evidencia su más que probable condena, da instrucciones de apartarse de la causa y desaparece".

El abogado del Estado desvela que Rodríguez de Castro trató de utilizar asistencia jurídica gratuita ante el Tribunal de Cuentas, para lo cual argumentó que carecía de recursos económicos en noviembre de 2010. El requerimiento de la Zona Franca destaca que estas argumentaciones contrastan con el hecho de que en 2003, dos años después de dimitir como delegado, recibió "unos 600.000 euros" de empresas vinculadas a la compañía de Miami a la que adjudicó el contrato de Rilco. Por eso se pide que el juzgado dicte prisión provisional para asegurar la presencia del imputado en el proceso puesto que hay "riesgo de fuga".

Rodríguez de Castro reside en Panamá y reconoce ser consejero de varias compañías de televisión de México e inversor en otras empresas del país donde vive. Ayer el PSOE reclamó en el pleno municipal del Ayuntamiento la reprobación de Rodríguez de Castro y Osuna por haberse apropiado de fondos públicos de la ciudad. Los votos del PP impidieron esta reprobación.