La Comunidad debe 36 millones a las empresas que forman a los parados

El escenario es cada vez más negro. Madrid supera los 682.000 parados. La mitad de ellos no cobra ninguna ayuda y casi el 30% son menores de 34 años, la franja de edad más susceptible al reciclaje. La Comunidad dio de lado a los más precarios, discriminando a los de más edad sin prestación y sin estudios en las ofertas de empleo, como trascendió esta semana. El Gobierno regional también ha frenado los programas de formación. La Consejería de Empleo lleva dos años sin convocar los cursos de formación a parados que ponen en marcha unas 800 empresas, que se han quedado sin trabajo. Pero además el sector denuncia el “ahogo” al que le somete la Comunidad de Madrid, que les adeuda 36 millones de euros por cursos que se concedieron y organizaron en 2010 y 2011.

Los financiaron al 50% el Servico Público de Empleo Estatal y del Fondo Social Europeo, según constan en la convocatoria de 2011 que recoge el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM). Es decir, la Comunidad de Madrid no aporta un euro a sufragarlos, aunque debe dinero a pymes por actividades que acabaron hace más de 16 meses en algunos casos.

“He tenido que hipotecar mi casa para poder pagar a los trabajadores”. El empresario Francisco Javier Aguilar gestiona una de las academias de formación a las que la Comunidad de Madrid debe dinero. Muestra los papeles en los que la Consejería de Empleo admite deudas de cursos de 2010 y 2011 “en tramitación”: uno versaba sobre gestión de recusos humanos, otro de administración de bases de datos... “Me deben más de 100.000 euros y eso para una pequeña empresa es un dineral”, denuncia. Tras dos meses sin cobrar ni pagar a sus tres empleados , decidió pedir un préstamo que avaló con su casa. Se queja de que la consejería les marea: “Ni siquiera hay un interlocutor válido. Cada vez que les llamamos, dan plazos de pago que luego no se cumplen. Y, si presionas, te dicen que viene de arriba y que no saben cuándo van a pagar”.

Ha creado una página web (www.comunidaddemadridnopaga.com) para denunciar el caso. Es el único de los cuatro responsables de academias contactados por este periódico que accede a dar la cara, aunque todos corroboran el “ahogo” por la deuda.

La Asociación de Empresas de Formación (Amacfor) alertó en enero en una circular de los impagos, que cifraba en 39 millones. “Se debe aproximadamente el 50% de las liquidaciones de la programación de 2010 y el 100% de las de 2011”. Hace más de un año, la asociación denunció que la Comunidad les adeudaba más de 50 millones, con lo que las plantillas de docentes de los centros bajaron a la mitad: unos 2.500 empleados menos. Este diario intentó sin éxito conocer la versión de Amacfor sobre la situación actual.

Cuando se produjo la primera denuncia en febrero de 2012, la Comunidad lo achacó al cambio del Servicio Regional de Empleo (que pasó a depender de la Consejería de Educación) y se comprometió a cerrar un calendario de pagos con las empresas. Ahora la consejería señala ahora que las empresas tienen cursos “pendientes de justificar” y que el pago “está en tramitación”. Un portavoz de la consejería que dirige Ana Isabel Mariño reconoce una deuda de 36 millones, aunque intenta justificarlo añadiendo que en los dos últimos años se han abonado otros 90 millones que también se debían. Desde la consejería aseguran que se han tomado medidas “para que el pago se prozuca en el tiempo más breve posible”, sin facilitar ningún plazo concreto. Tampoco aclaran dónde han ido a parar los fondos europeos y nacionales que financiaban los cursos, que según estimaciones del sector, se dirigían a unos 45.000 alumnos anuales.

Empleo añade que el programa no se convocó en 2012 “porque la convocatoria anterior contemplaba cursos que debían realizarse en 2011 y 2012”. No aclara el motivo por el que tampoco se han convocado en 2013. Empleo no ofrece cifras de los beneficiarios de los nuevos programas que asegura haber puesto en marcha con corporaciones locales, acciones formativas “con compromiso de contratación” y en los centros propios de la Comunidad.

Mientras la patronal Amacfor guarda silencio público, una nueva asociación (la Plataforma por la Defensa de las Políticas Activas de Empleo) ha presentado varios escritos de queja, en los que señalan que el número de docentes y auxiliares despedidos puede llegar a 5.000 personas y que cada mes cierran “entre cinco y seis empresas” del sector por la deuda y la falta de nuevos cursos. La plataforma cuestiona que no hayan salido las convocatorias de 2012 y 2013, pese a que los prespuestos regionales aún recogen partidas para el plan de formación profesional ocupacional (con 87,8 millones en 2012 y la mitad, 43 millones, para 2013).

El diputado Jesús Patiño, de UPyD, ha llevado el debate a la Asamblea. “¿Qué valoración hace el Gobierno de las deudas con empresas de formación?”. Patiño considera que la Comunidad está remodelando el modelo de formación pero “a costa de cerrar empresas cuando sacan cabeza vendiendo su buen trabajo con los pequeños emprendedores”.