Políticos con poca fe en lo público

No es cierto que los políticos vayan por detrás de la sociedad. A veces, cuando algún problema afecta a un miembro de su gremio, van por delante y mucho. El Congreso de los Diputados, por ejemplo, rechazó la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de la dación en pago, avalada por un millón y medio de firmas, y, a las pocas semanas, la Associació Catalana de Municipis (ACM) hizo de esa reivindicación su bandera. Al menos para uno de los suyos. Esa es una de las lecturas que se desprenden de la decisión de la ejecutiva de la ACM, que el pasado martes aceptó una vivienda a cuenta de lo que el convergente Josep Maria Matas desvió, presuntamente, a su bolsillo mientras ocupó la secretaría general de la asociación, a la que facturó más de un millón de euros. Matas está imputado judicialmente y Convergència i Unió, Partit dels Socialistes (PSC) y Esquerra Republicana —con la oposición de Iniciativa per Catalunya— decidieron aceptar a cuenta del expolio una casa de su propiedad, valorada en 400.000 euros en Centelles (Osona), y sobre la que pende una hipoteca de 160.000 euros.

Es decir, el presunto expoliador y los supuestos expoliados llegaron a un acuerdo y con descuento. Desde 2005 a 2009, Matas facturó a la ACM 849.042 euros por diversos servicios: revistas de prensa; encuadernación de directorios; publicación de libros y manuales. Su empresa, en realidad, no hizo ninguno de estos trabajos. Matas pedía a los proveedores que girasen las facturas a su firma, Parés i Solé. Después, “incrementaba ilícitamente el precio” a la ACM y se lucraba personalmente con “la diferencia” entre ambas cantidades, según la fiscalía. Con ese método se apropió de 476.000 euros de la ACM, según el ministerio público, que reprocha que la entidad “no conserve la documentación” de 2005 y 2006. Pero ¿qué se le puede pedir a una asociación que movida por la buena voluntad es capaz de aceptar en plena crisis una casa con el valor de tasación de plena burbuja inmobiliaria? Los alardes de generosidad también se han hecho extensivos a Xavier Solà, que fue jefe de los servicios jurídicos de la entidad y que presuntamente desvió unos 190.000 euros a su bolsillo procedentes del mismo saco: la ACM. La asociación no ha logrado llegar a ningún acuerdo con Solà, que fue número dos de Ferran Mascarell en la primera legislatura de la CiU pospujolista. Solà considera que su trabajo lo valía —no importa que en ese catálogo de masías haya 22 fichas repetidas— y la ACM ha decidido que “reclamará perjuicios” si se demuestra su culpabilidad.

A eso se le llama, en clave buenista de progre trasnochado, tener un gran corazón. Porque esa es la interpretación rousseauniana. Otra lectura muy distinta sería pensar cuan generosos son algunos políticos ante un episodio de presunta malversación de fondos que afecta a dinero procedente de las administraciones y que pagan los ciudadanos. Y es que estamos sobre la cresta de una ola de relativismo moral en lo que afecta a lo público: se le da un carácter tan sacro como puramente retórico al término. En la práctica ya se minimizará, sobre todo cuando el expoliador es un compañero de bancada política. No puede explicarse de otra manera esa dejadez de la ACM en la defensa de lo público, al no personarse como acusación contra los presuntos malversadores.

Todavía no recuperados de tanto expolio, ahí están 14 ex concejales del Ayuntamiento de Reus —PSC, Iniciativa y Esquerra, la anterior mayoría de gobierno municipal— imputados por haber avalado con tres millones de euros de dinero público a una empresa mixta, Shirota, con mayoría privada. Reus ha podido comprobar en sus carnes las bondades de las privatizaciones de servicios, asumiendo una deuda de 202 millones de euros, procedentes del holding Innova, del que muchos concejales cobraban sobresueldos. Esa corrupción sistémica y transversal está siendo investigada por la justicia y por la oficina antifraude europea.

Al parecer, no importa la magnitud del fraude, porque cuando se vulnera la legalidad, el sindicato de intereses de los partidos busca en el ropero todo tipo de disfraces por insólitos y ridículos que resulten a los ojos de la ciudadanía.

La cosa empeora cuando hay conductas que matan la ética pero respetan la legalidad. Xavier Pomés, por ejemplo, compatibiliza la presidencia de dos de los mayores hospitales públicos de Cataluña —Sant Pau y Clínic— con su pertenencia a los consejos de administración de dos grupos sanitarios privados. Cuando este diario desveló esa información, el Gobierno catalán respondió que se cumple la legalidad.

Y es que, a veces, cuando las leyes permiten chocar con la ética, alguien debería en cambiar las normas. Para eso están o deberían estar los políticos que han sido democráticamente elegidos.