La gestión de los 128 millones investigados desató cuatro ceses

La exconsejera de Agricultura Maritina Hernández, que estaba al frente del departamento cuando se pusieron en marcha las líneas de ayudas por importe de 128 millones de euros investigadas ahora por la sección de Delitos Económicos de la Fiscalía de Valencia, limitó ayer los graves hechos denunciados por una funcionaria a “errores” o “irregularidades” aisladas en el marco de procedimientos “muy complejos”. Hernández negó que la gestión de esas dos líneas de ayudas para el desarrollo local, una de ellas cofinanciada por la UE, generase problemas en la consejería. Otras fuentes aseguran, sin embargo, que el muy deficiente modo en que se manejaron las ayudas, que se conceden en un ejercicio pero se abonan en varias anualidades, convirtió el departamento en una olla a presión.

El hecho es que en poco más de un año cuatro personas que trabajaban en el departamento encargado de las millonarias subvenciones lo abandonaron. Tres de ellos, una subdirectora general y dos jefes de servicio, por voluntad propia y, según la versión oficial, motivos personales. La cuarta, la funcionaria que ha denunciado la existencia de irregularidades masivas en el reparto y control de los fondos, se ha visto expulsada de la Administración valenciana al no renovar la Consejería de Presidencia de la Generalitat (en la que ha quedado incluida Agricultura desde diciembre) su comisión de servicios.

Las salidas del departamento de altos cargos correspondieron a María José Bayarri, en enero de 2012. A Alfonso Carbonell, que fue nombrado jefe de servicio a principios de 2012 y dimitó en noviembre del mismo año. Y a Pau Aviño, que sustituyó a Carbonell y dejó el cargo menos de dos meses después.

Los fondos de la UE para estimular la economía acabó en los Ayuntamientos

A diferencia de la versión oficial, reiterada ayer por la exconsejera Hernández, las fuentes consultadas enmarcan los hechos en la tensión generada por la urgencia de cerrar a toda prisa expedientes técnicamente complejos, que habían sido aprobados y en buena medida pagados en ejercicios anteriores, y que en un número significativo de casos presentaban irregularidades de casi imposible subsanación. El problema de origen, siguen las fuentes, consistió en que el departamento dedicado a gestionar los 128 millones de euros de ayudas no contaba con el el personal necesario, especialmente ingenieros y otros técnicos capaces de supervisar adecuadamente las obras e infraestructuras, establecimientos industriales, talleres y actuaciones patrimoniales que concentraron buena parte de las subvenciones.

Las ayudas de la línea cofinanciada al 50% por Bruselas, Ruralter-Leader, se crearon para estimular la economía de las zonas rurales, pero en cerca de un 80% de los casos acabaron siendo copados por Ayuntamientos, y según la denuncia y la documentación aportada por la funcionaria, incumpliendo requisitos básicos del procedimiento, por destinarse, por ejemplo, a fines que estaban vetados, como ocurrió con el Ayuntamiento de Benlloch (Castellón) en una ayuda concedida en 2009.

La exconsejera Hernández justificó que el dinero acabase muy mayoritariamente en manos de Ayuntamientos, afirmando que “el problema era encontrar iniciativas económicas en zonas rurales” debido a la escasez de las mismas.

La exconsejera lo justifica afirmando que apenas había iniciativa privada

Siendo potencialmente graves las irregularidades denunciadas respecto a las ayudas cofinanciadas por Europa, estas estuvieron muy repartidas, con cerca de 1.000 proyectos financiados con 64 millones de euros. La otra línea puesta en marcha por la Generalitat, llamada Ruralter-Paisaje, tuvo en cambio la misma dotación, 64 millones de euros, pero financió muchos menos proyectos.

El motivo es que parte de ellos recibieron grandes cantidades de dinero. Es el caso del proyecto RP-11-04-032, presentado y ganado por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), ligada familiarmente a la consejera Hernández, que obtuvo 1,4 millones para la “adecuación de una finca experimental” en 2011. AVA se benefició de un cambio en la normativa, introducido por Hernández en 2009, que elevó del 37% al 100% la financiación que aportaba la Generalitat a los proyectos presentados por ese tipo de entidades.