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El Parlamento catalán tramita la ley de consultas con el apoyo del PSC

Solo el PP y Ciutadans se oponen al texto que Mas quiere utilizar para preguntar sobre el futuro de Cataluña

Artur Mas, en la sesión de control de hoy del Parlamento catalán. Ampliar foto
Artur Mas, en la sesión de control de hoy del Parlamento catalán. EFE

Cataluña tendrá en octubre una ley que permitirá hacer consultas sin carácter vinculante sobre cualquier asunto competencia de la Generalitat. El Gobierno de Convergència i Unió entiende que esta sería una de las posibles vías para celebrar la consulta de autodeterminación y así lo defendió ayer en el debate de las enmiendas a la totalidad de la proposición de ley celebrado ayer en el Parlament.

El texto, que se ha consensuado con todos los partidos, excepto el PP y Ciutadans, fue aprobado por 104 votos de los 135 posibles de la Cámara autonómica. Los socialistas catalanes apoyan la nueva ley pero piden que su utilidad no se centre solo en la consulta que promueve el presidente Artur Mas.

La ley se ampara en el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que otorga competencias exclusivas a la Generalitat para la promoción de consultas sobre su ámbito competencial. El PP y Ciutadans han rechazado que se tramite el texto con el argumento de que es el primer paso para la secesión de Cataluña y porque entienden que pretende utilizarse para preguntar por aspectos sobre los que la Generalitat no tiene competencias.

El diputado del PSC Ferran Pedret se encargó de defender el posicionamiento de su partido, al que el PP ha llegado a calificar de “tonto útil” de Artur Mas. Insistió en que su posición favorable a la ley no debe ser interpretada como un apoyo total al Gobierno de CiU. “La ley de consultas debe servir para captar la opinión de los ciudadanos, siempre dentro de las competencias de la Generalitat o de los municipios”, recordó. Y lamentó que el debate se centre solo en el extremo de independencia sí o no. “A ambos lados del hemiciclo están convirtiendo la ley de consultas en un arma arrojadiza”, lamentó.

La ley forma parte de la hoja de ruta del programa de Gobierno que firmaron CiU y ERC en diciembre. Se trata de aprobar la ley este año para que la consulta de autodeterminación sea posible en 2014. El diputado de CiU Josep Rull llamó al PP a no poner palos en las ruedas a la nueva ley, pues los nacionalistas dan por sentado que el Gobierno central la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. “¿A quién da miedo la democracia y la libertad? A nosotros no, en absoluto”, dijo Rull apelando a la bancada del PP y de Ciutadans.

Antes del debate sobre la ley, durante la sesión semanal de control al Gobierno catalán, la líder del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, negó incluso que el Parlamento autónomo tenga legitimidad para aprobar una ley de consultas. Esto indignó a Artur Mas. “Ustedes quieren que esto sea un Parlamento de feria”, espetó al PP. Este partido entiende que la Generalitat no tiene competencia alguna para preguntar por el encaje de Cataluña en España. Con todo, el PP participará en la comisión parlamentaria que a partir de ahora pulirá el proyecto de ley.

 

Podrán votar los mayores de 16

MIQUEL NOGUER

El Tribunal Constitucional tiene pendiente de sentenciar desde 2010 la ley catalana sobre consultas populares mediante referéndum, impulsada por el tripartito de la izquierda. El texto fue recurrido ante el Tribunal Constitucional por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Al llegar Artur Mas a la Generalitat quiso impulsar una ley de consultas no refrendarias para intentar superar este escollo y poder convocar la consulta de autodeterminación.

El texto que ayer debatió el Parlamento autónomo establece que en estas consultas podrán votar los ciudadanos mayores de 16 años, y que podrán ser promovidas por el presidente de la Generalitat, los presidentes de los entes locales o los ciudadanos. En este último caso será necesario el apoyo previo de 50.000 firmas si la consulta es de ámbito catalán y de un número que varía de acuerdo con la población del municipio para las consultas locales. De esta forma, en los municipios de menos de 5.000 habitantes será necesaria la firma de un 20% del censo, mientras que en los de más de 10.000 habitantes bastará el 5% de firmas.

El proyecto normativo establece que las consultas podrán tener una o más preguntas, que deberán ser formuladas de forma “clara e inequívoca”.

En las primeras versiones de la ley se establecía que el presidente de la Generalitat tendría poder de veto sobre la celebración de cualquier consulta, aspecto que ha decaído en la proposición de ley debatida ayer. Con todo, Convergència i Unió advirtió de que se propone enmendar a fondo el texto durante la tramitación.