El PSC obligará a dimitir a todos sus cargos públicos que vayan a juicio

Los socialistas catalanes han presentado esta mañana un extenso catálogo de medidas de regeneración democrática y lucha contra la corrupción. Las propuestas afectan al funcionamiento de los partidos, la acción de gobierno, la lucha contra la corrupción y la transparencia política. Es un documento inicial de debate, ha dicho Pere Navarro, que se aprobará el próximo otoño. A partir de entonces el PSC lo aplicará allí donde ya es posible. Si se cumple ese anuncio, los cargos públicos del partido implicados en casos de corrupción deberán dimitir de toda responsabilidad si van a juicio.

Con ese criterio, Manuel Bustos y su hermano Francisco deberían dejar de ser concejales en el Ayuntamiento de Sabadell si se sientan en el banquillo por el caso Mercurio. Del mismo modo, Daniel Fernández y la alcaldesa de Montcada i Reixac, Maria Elena Pérez, debería abandonar el escaño del Parlament y el Ayuntamiento, respectivamente. Una vez celebrado el juicio y si el cargo público es absuelto, el documento del PSC propone "mecanismos de rehabilitación"del acusado.

La propuesta del PSC propone también que se prohíba contratar con la administración pública al menos durante tres años a aquellas empresas cuyos directivos o empleados hayan sido condenados por corrupción. O aumentar el plazo de prescripción de los delitos de corrupción e impedir el indulto en estos casos.

En cuanto a la financiación de los partidos políticos se sugiere limitar las donaciones a particulares a 10.000 euros anuales (ahora está en 100.000) y la obligatoriedad de que los partidos publiquen sus presupuestos en su web, además de asignar un interventor de la Generalitat a cada fuerza política para que los fiscalice.

Los socialistas también quieren que las primarias sean obligatorias por ley en todos los partidos, que se pueda votar a partir de los 16 años y que se haga con un sistema mixto, para poder elegir al diputado del distrito y con listas abiertas.

En otro apartado se reclama la reforma del sistema de elección de los integrantes de la Sindicatura de Cuentas y la Oficina Antifraude, con el fin de garantizar un mayor peso institucional "y no partidista" en su composición, además de la obligatoriedad de hacer públicas la declaración de bienes y patrimonio al tomar posesión de un cargo y al abandonarlo.