LA SUBIDA DE PRECIOS DE LA JUSTICIA

El Parlamento analizará si recurre la ley de tasas al Tribunal Constitucional

Tejería se comprometió a encargar un informe jurídico sobre la ley

La presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, con el secretario general de CC OO, Unai Sordo a su derecha y el portavoz progresista de la judicatura, Edmundo Rodríguez
La presidenta del Parlamento, Bakartxo Tejería, con el secretario general de CC OO, Unai Sordo a su derecha y el portavoz progresista de la judicatura, Edmundo RodríguezL. RICO

El Parlamento analizará en las próximas semanas la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Constitucional la polémica ley de tasas. Es la promesa que la Cumbre Social Vasca, en la que se encuentran entre otros los sindicatos CC OO, UGT y USO y las asociaciones Jueces para la Democracia o la Unión Progresista de Fiscales, recibió por parte de la presidenta de la Cámara, Bakartxo Tejeria, en un encuentro en el que la organización explicó los argumentos que les han llevado a realizar esta petición. Tejeria se comprometió ante el secretario general de CC OO Euskadi, Unai Sordo, y el magistrado Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces para la Democracia, a encargar a los servicios jurídicos del Parlamento un informe que estudie la posibilidad de un recurso de inconstitucionalidad, el paso previo para tomar una decisión.

Tras el encuentro, ambos comparecieron ante los medios de comunicación para explicar que la ley de tasas es una “barrera” que impide a los ciudadanos defender sus derechos. Por ello, Sordo y Rodríguez aseguraron que la legislación actual tiene elementos de “inconstitucionalidad”. Las cuantías establecidas en la ley vigente desde diciembre de 2012 tienen “una finalidad claramente disuasiva, para que los ciudadanos no acudan a los tribunales a defender una posición legítima”, señalaron.

La reducción de las

En este sentido, apuntaron que, en el primer trimestre de este año, los efectos de la ley ya se han dejado ver en las demandas registradas sobre todo en la jurisdicción civil, con una reducción de más del 30% que, tal y como aclararon, afecta mayoritariamente a ciudadanos y pequeñas empresas, mientras que grandes compañías, aseguradoras y bancos han seguido litigando. La cifra esconde el “efecto demoledor en el ejercicio de los derechos de ciudadanía y la posibilidad de defender y reivindicar esos derechos en los tribunales”, insistieron.

Por otro lado, la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre, compareció ayer ante la comisión parlamentaria de su área para explicar la situación en la que se encuentra la justicia gratuita. Agirre aseguró que mantendrán los presupuestos y que siguen trabajando para crear un fondo para los casos que los abogados atiendan por el turno de oficio y que finalmente estas personas no cumplan con las condiciones. Agirre abogó por alcanzar un acuerdo “aunque sea de mínimos” con los colegios de abogados y reconoció que las retribuciones son bajas.

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