Universidad en tiempos de crisis

Estamos atravesando una grave crisis económica de hondas implicaciones sociales que amenaza nuestro estado de bienestar. Las políticas de austeridad no solucionan, entre otros, uno de los principales problemas de nuestro país, el paro, que afecta a más de la mitad de los y las jóvenes.

Las políticas dirigidas a la creación de empleo han de estar en el centro de las instituciones y del tejido productivo. Una mejor formación y nivel educativo permitirán mayor acceso a empleo de calidad, el desarrollo de nuestros profesionales, y con ello, el crecimiento de los niveles de bienestar económico y social, hoy en retroceso.

El sistema universitario público es clave en este desarrollo social. Lo ha sido en momentos críticos de nuestra historia reciente. La universidad pública fue uno de los factores decisivos como motor del cambio durante la transición. En las últimas décadas, y desde la recuperación de la democracia, ha sido un elemento crucial en la democratización del conocimiento, en la incorporación de la mujer al mundo profesional y al espacio público, respondiendo a la demanda de educación de amplios sectores sociales, e incrementando notablemente el nivel formativo de nuestra ciudadanía dándole cohesión social.

En ella se formaron también generaciones de gobernantes que hoy no pueden caer en la tentación de delegar en manos privadas estas funciones, pues la universidad pública, la educación en general, es nuestro patrimonio común a defender.

Las políticas de austeridad no solucionan, entre otros, el paro, que afecta a más de la mitad de los jóvenes

Las universidades públicas aceptaron el reto del desarrollo territorial. Crearon parques científicos abiertos a la I+D+i empresarial, trabajan con los sectores productivos para impulsar la transferencia de conocimiento a las empresas, apostando por programas de creación de spin off y apoyo a emprendedores. Lideramos la recepción de Erasmus entre las universidades europeas. Generamos las dos terceras partes de la producción científica, situando a España en el mapa mundial de la investigación. Del análisis de diversos rankings internacionales se constata que ocupamos posiciones superiores a las de nuestra economía, con algunos centros universitarios entre los cien primeros del mundo. Los informes del IVIE avalan la contribución social y económica realizada por las universidades públicas en términos de generación de capital humano, movilidad social y creación de riqueza, incluyendo su rentabilidad fiscal. Debemos por tanto hablar de inversión, no de gasto, en educación superior.

Frente a esta realidad, las políticas de ajuste emprendidas en estos años han impuesto un recorte significativo en el presupuesto de las universidades públicas, a lo que se une una importante subida de las tasas académicas a las y los estudiantes. Estas medidas, unidas a una insuficiente dotación de becas, que nuestro país oferta muy por debajo de la media europea, ponen en riesgo la equidad en el acceso a la Universidad, y pueden suponer la pérdida de lo conseguido por una sociedad democrática.

La comunidad universitaria no se reconoce en la visión expresada en el informe de expertos del Ministerio de Educación, en el que se habla de la "muy insuficiente" calidad del sistema universitario español. Hubiera sido preferible partir del reconocimiento de nuestros logros como universidad pública, tanto en el ámbito académico como científico y social. La universidad está abierta a la reflexión, la autocrítica y la mejora continua de su calidad. Sabemos que en un escenario de financiación restrictivo será más difícil asumir los retos a los que nos enfrentamos, pero tenemos capacidad para identificar las oportunidades y comprometernos a diseñar y construir la universidad del futuro.

En los campus universitarios se han venido sucediendo protestas, manifestaciones y huelgas que expresan con rotundidad el rechazo a unas políticas que sentimos como amenaza a los servicios públicos y a los logros del modelo social europeo basado en un crecimiento inteligente, inclusivo y sostenible. La universidad pública padece en los últimos años una creciente y angustiosa insuficiencia financiera, con aplazamientos y recortes que amenazan la calidad de nuestras actividades. En este escenario, la universidad debe mantener sus reivindicaciones con toda firmeza. Ante esta política que nos viene impuesta debemos defender la educación pública como una importante prioridad social, y más en tiempos de crisis. No es sólo el empleo, no es sólo la economía, es el valor social del conocimiento. No hace falta reincidir sobre el fracaso que supone recortar sin crear. Debemos estar muy atentos en estos tiempos de crisis para que nuestra universidad no pierda lo que le es esencial; su carácter de pública, su condición abierta, plural y laica, y el esfuerzo de todas y todos por mantener la máxima calidad. Desde la autonomía universitaria, este valor de lo público representa nuestra mejor oportunidad y garantía de futuro. Mantenerlo es nuestro compromiso.

Esteban Morcillo, rector de la Universitat de València