Griñán rescata su proyecto de revisar las ayudas sociales a las familias

La Consejería de Hacienda y Administración Pública está ultimando el proyecto de ley contra el fraude fiscal y social, que figura en el paquete legislativo acordado por PSOE e Izquierda Unida en el acuerdo de coalición. Esta norma supondrá la revisión del criterio con el que se conceden bonificaciones y subvenciones a las familias andaluzas en el que se medirá no solo el nivel de renta de los beneficiarios, sino también su patrimonio.

El anuncio lo hizo ayer la consejera de la Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, tras la reunión del Consejo de Gobierno, el mismo día que la coalición cumplía un año de vida. Pero la propuesta no es para nada novedosa. Esta iniciativa ya fue presentada por el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, en el debate del estado de la comunidad celebrado en junio de 2011, apenas nueve meses antes de las elecciones autonómicas de marzo de 2012.

En ese pleno, Griñán planteó hasta una treintena de propuestas con el compromiso de ejecutarlas antes de enfrentase a las urnas, aunque prácticamente no había tiempo para que todas ellas que vieran la luz. En esa bolsa de promesas estaba la de la lucha contra el fraude social.

La intención es que las ayudas públicas que reciben las familias se distribuyan con mayor equidad. Se estima que una familia de cuatro miembros y con un dependiente a su cargo puede percibir al año, por varios conceptos, hasta 13.000 euros en prestaciones, es decir, casi un sueldo indirecto de más de mil euros mensuales, recordaba Griñán en ese debate.

La consejera de la Presidencia señaló ayer que a la hora de distribuir con mayor equilibrio y “justicia” las subvenciones se tendrá en cuenta el patrimonio inmobiliario y mobiliario de los perceptores. “No estamos hablando de un patrimonio normal”, dijo, a la pregunta de si afectaría a las familias con una casa en propiedad.

La Consejería de Hacienda tampoco aportó más información de lo dicho por Susana Díaz, tras un Consejo de Gobierno parco en decisiones y abundante en valoraciones políticas sobre el primer año del Ejecutivo de coalición de la legislatura.

La otra pata de la ley pretende combatir el fraude fiscal, en colaboración con la Agencia Tributaria. El propio Griñán describía, hace casi dos años, en qué consistiría este programa. Supondrá, dijo, “la creación de una base de información común de perceptores de prestaciones o subvenciones; la intensificación de la labor inspectora; el intercambio de datos entre la administración fiscal y la administración educativa, sanitaria o social; la sanción de las declaraciones que contengan inexactitudes u omisión de datos para percibir cualquier prestación de la Junta de Andalucía y la anotación de fraude en el expediente administrativo de los defraudadores”.

Este proyecto de ley no incluirá un incremento de la presión fiscal, aunque desde Izquierda Unida se afirma que están a la espera de que se introduzca en esta norma un nuevo impuesto para gravar a las grandes superficies con el fin de que los recaudado revierta en los pequeños y medianos comercios andaluces.

IU pretendió aprobar este gravamen en la ley de Presupuestos de la comunidad de este año, pero no lo logró por la oposición de sus socios socialistas. El impuesto cuenta también con el rechazo del PP. La intención de Izquierda Unida es incluirlo ahora en la ley contra el fraude fiscal y social, aunque fuentes del PSOE han descartado de manera categórica que vaya a tener cabida. Ambos partidos están negociando y cada uno tira de los extremos de la cuerda en un proceso no exento de cierta tensión.

La tramitación de este proyecto de ley está prevista para antes del verano, una fecha en la que se acumulan las promesas legislativas del Gobierno andaluz. Presidencia tiene previsto aprobar antes de fin de mes la ley de Transparencia. Y también está en la lista la ley de Participación Ciudadana, en la que se regulará la convocatoria de las consultas populares de ámbito autonómico.

También antes de que los diputados se vayan de vacaciones se pretende cerrar el llamado pacto por Andalucía que afecta a numerosas áreas económicas y sociales. Susana Díaz destacó este pacto como uno de los rasgos distintivos del Gobierno de coalición que contrapuso con la actitud cerrada del Ejecutivo de Mariano Rajoy. “No estamos para celebraciones”, señaló la consejera, quien destacó las medidas sobre desahucios y exclusión social, como una manea distinta de enfrentarse a la crisis. Griñán tiene previsto pedir oficialmente una reunión con Mariano Rajoy para abordar la exclusión social.