Un concejal del PSdeG, entre los imputados por el fraude forestal

Los imputados por la denominada Operación Forest, un supuesto fraude de subvenciones forestales en la Costa da Morte, suman ya 15. Además del empresario de Vimianzo Manuel Maceiras, considerado el principal responsable, y de los seis detenidos la pasada semana, todos en libertad provisional con cargos, la lista de implicados por el juez de Corcubión Iván Barallobre incluye a tres funcionarios del servicio provincial en A Coruña de la Consellería de Medio Rural, donde se tramitan estas ayudas del Fondo Galego de Garantía Agraria, cofinanciadas por la Unión Europea. Están bajo investigación judicial decenas de expedientes de los últimos cinco años que dieron pie a la concesión de cientos de miles de euros. Más de la mitad de los imputados (ocho) son empleados de banca aún en nómina o exdirectivos ya jubilados que trabajaron en las sucursales en Vimianzo del Banesto, Banco Pastor y La Caixa.

Entre ellos figura un teniente de alcalde de Corcubión, el socialista José Antonio Louro Pais. Responsable municipal de Cultura y miembro del comité nacional del PSdeG, Louro sigue siendo empleado del Banco Pastor aunque en otra localidad. Al igual que sus colegas de las tres entidades implicados en este abultado sumario, el edil alegó ante el juez que pecó de “exceso de confianza” y se declaró un perjudicado más de los tejemanejes de Manuel Maceiras para captar y cobrar subvenciones forestales concedidas a particulares sin el conocimiento de estos.

Este supuesto fraude, bajo investigación judicial desde marzo de 2011, se destapó por casualidad al descubrir vecinos de la Costa da Morte que habían usurpado su identidad a fin de solicitar y obtener cuantiosas ayudas para reforestar tierras de las que ni siquieran eran dueños. Hay incluso personas fallecidas meses antes de que se solicitara subvenciones a su nombre. Maceiras, según los perjudicados, hacía acopio de fotocopias de DNI bajo la excusa de realizar trabajos forestales y encargarse de tramitar una ayuda pública. Pero luego la solicitaba y obtenía para parcelas que no eran propiedad de los solicitantes. El empresario aparecía como titular en las cartillas en las que se movían hasta medio millón de euros en pocos días, según extractos bancarios a los que tuvo acceso este diario.

Pese a ser requisito imprescindible para una subvención forestal presentar por parte del propietario un certificado del banco en el que conste el número de cuenta, en múltiples casos que investiga el juez el dinero público se ingresaba en cartillas en las que no figuraban como titulares los beneficiarios de las ayudas. Según declararon empleados de banca imputados, era habitual fiarse del empresario para abrir esas cuentas. Bastaba con que entregase fotocopias de DNI y formularios supuestamente firmados por sus titulares.

Los expedientes bajo sospecha, “parte de 88” tramitados entre 2008 y 2012 por un volumen total de 918.000 euros, admite Medio Rural, están repletos de irregularidades. Ya son tres, de momento, los funcionarios de los servicios administrativos de la consellería en A Coruña imputados. La Xunta no informó a Hacienda, pese a ser obligatorio desde 2007 y hacerlo en otras ocasiones en las que no interviene el empresario implicado, del pago de estas subvenciones bajo sospecha. Una falta de comunicación que contribuyó a que durante años los supuestos beneficiarios de estas ayudas no se enteraran. Tampoco aparecen en sus borradores del IRPF las cuentas bancarias abiertas a sus espaldas en las que Medio Rural ingresaba por transferencia bancaria cientos de miles de euros que después eran retirados casi de inmediato en efectivo.

Los partidos de la oposición (AGE, PSOE y BNG) emplazan en el Parlamento a la Xunta a reaccionar ante este fraude y personarse en la causa judicial. Solo está de momento la fiscalía como acusación pública.