Hacienda tendrá que modificar el presupuesto para el salario mínimo

La renta básica es una antigua demanda de Izquierda Unida para garantizar un mínimo a las personas sin ingresos. Su aplicación figura, sin fecha precisa, en el pacto de coalición firmado por PSOE e IU hace un año, en el que se comprometen a crear un grupo de trabajo para su ejecución. Pero es, sobre todo, un derecho recogido en el Estatuto de Andalucía, para el que no hay dinero ya que desde 2008 el Presupuesto de la Junta siempre ha ido a menos.

Lo que sí existe en Andalucía es el llamado salario social (ingreso mínimo de solidaridad) que no ha parado de crecer desde el primer año de la crisis hasta ahora. Las peticiones se han duplicado desde entonces y si en 2008, hubo 17.000 demandas al cierre de 2012 ascendieron a 33.000.

La partida se va a incrementar este año en 44 millones de euros además de los 70 millones que ya figuran en las cuentas de la comunidad. La Junta se mete prisa al obligarse a responder a los solicitantes en un plazo máximo de dos meses. Estas ayudas se aprueban en las delegaciones provinciales y el tiempo de respuesta suele oscilar entre los tres y cuatro meses, según la Consejería de Salud y Bienestar Social.

Esta “paga”, como la llamó María Jesús Montero, se puede recibir durante seis meses y supone unos ingresos mensuales de 397 euros (más 51 euros por niño). Pero los 44 millones de euros adicionales tendrán que salir de algún sitio de la ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía. Y tendrá que ser la Consejería de Hacienda la que decida de dónde va a sacar esos 44 millones de euros, es decir, de dónde los va a detraer. Montero dijo desconocer qué programas y consejerías se verán afectadas por las futuras modificaciones presupuestarias.

La consejera aseguró que si se ha optado por incrementar los fondos del salario social en lugar de la renta básica es “porque los ciudadanos no pueden esperar” ya que la regulación legislativa de la renta “tardaría entre un año y año y medio”.

El paquete social aprobado ayer va a implicar la eliminación de algunas prestaciones que hasta ahora se abonaban por familias numerosas (a partir del tercer hijo) y partos múltiples. De estas ayudas quedan excluidas las unidades familiares cuyos ingresos superen seis veces el importe del Iprem, es decir, 3.192 euros mensuales.

El decreto contra la exclusión social aprobado este martes entraña también algunas paradojas relevantes. Al mismo tiempo que se amplía las comidas gratuitas a escolares en riesgo de exclusión social, que recibirán desayuno, almuerzo y merienda, la propia Consejería de Educación reconoce sus dificultades para pagar a las empresas concesionarias de los comedores escolares, por falta de liquidez.

El portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, intentó quitar hierro a la situación: “Es un problema que la Junta va a afrontar y tiene voluntad de resolver, mientras que otras comunidades, como Castilla-La Mancha, lo que han hecho es cerrar los comedores escolares y así no tiene problemas”.