La nueva ley de costas permitirá legalizar 8.000 viviendas gallegas

El conselleiro de Medio Ambiente,Agustín Hernández, ha asegurado que la nueva ley de costas  beneficiará a "muchos gallegos" y que en "un primer momento" permitirá legalizar unas 8.000 viviendas. En respuesta a una interpelación del diputado del PSdeG Xosé Sánchez Bugallo en el pleno del Parlamento, Hernández ha negado que se vaya conceder "una amnistía" o que la ley vaya a permitir "un pelotazo urbanístico". "No nace para perpetuar nada ni para desproteger", ha reivindicado. Beneficiará, ha insistido, a "muchos vecinos" y ha urgido a los ayuntamientos a delimitar los núcleos rurales.

El diputado socialista ha puesto en cuestión la intención de la ley y ha considerado que la situación en la que se encontraban los propietarios de viviendas en los núcleos del litoral se ha empleado "como disculpa para dar la vuelta a la ley como un calcetín". El objetivo, ha protestado, no son vecinos como los de Vilaboa, sino "resolver determinados problemas" de propietarios extranjeros de inmuebles en el Mediterráneo y otras zonas de costa española y los de la banca en la que tienen las hipotecas. Además, Bugallo ha considerado que Ence "debe estar eufórica", puesto que la nueva norma permite ampliar las concesiones para actividades en la costa.  "La Xunta hará un informe, pero no será vinculante; la decisión corresponde al Estado", ha advertido y ha considerado que las modificaciones que se introducen "desprotegen la costa, sacrifican lo logrado en los últimos 25 años y no resuelven el problema de los vecinos". Hernández ha replicado que, precisamente, esta nueva ley pretende "resolver los problemas surgidos por la ley de 1988" y busca hacer compatible la protección de la costa y la existencia de actividades en la misma.

"No habrá ninguna prórroga automática para ocupaciones industriales en el litoral", ha dicho y, en alusión a Ence, ha incidido en que serán las comunidades las que tengan "la última palabra" en este sentido, pues emitirán un informe "determinante". "Ninguna de las concesiones industriales se va a mantener sin tener en cuenta la opinión de la comunidad autónoma", ha asegurado.