Condenados cuatro médicos por prescribir recetas falsas

Cuatro médicos de la sanidad pública catalana aceptaron ayer penas de hasta dos años de cárcel por expedir recetas falsas a pensionistas a cambio de dinero. Los facultativos se plegaron a la petición de una decena de comerciales de empresas farmacéuticas y prescribieron medicamentos innecesarios a ancianos a los que ni siquiera habían visitado. Al tratarse de pensionistas, el Servicio Catalán de Salud asumía los costes de esa receta. En cuatro años, los 14 condenados estafaron un total de 205.000 euros.

Los hechos admitidos por los cuatro médicos ocurrieron entre 2005 y 2009. Una decena de comerciales “promocionaban entre los médicos de centros públicos de salud determinados medicamentos” para convencerles de que distribuyesen esos productos, y no los de la competencia. Según la fiscalía, los comerciales promocionaron dos medicamentos: un tipo de heparina —que cuesta entre 140 y 340 euros— y otro, más barato —alrededor de 50 euros— destinado a combatir los efectos de la osteoporosis.

Los doctores rellenaban recetas con datos reales de pensionistas

Dada la “competencia del sector”, según el escrito de la fiscalía aceptado por los condenados, las farmacéuticas pagaban primas a sus comerciales y les asignaban zonas para hacer promoción. En esa tarea “entraron en contacto” con los facultativos condenados: Pedro Miret, médico de atención primaria de Barcelona; Antonio Navarro, ginecólogo en dos ambulatorios; Pedro Luis Gascons, también ginecólogo; y Jordi Solana, traumatólogo del Hospital de San Rafael.

Los doctores rellenaban recetas con datos reales de pensionistas y, “aparentando la existencia de un acto médico que nunca existió”, prescribían las recetas para que los comerciales obtuvieran su incentivo. A cambio, recibían una remuneración de “entre 30 y 40 euros” por receta.

Los 14 acusados aceptaron ayer, en el juicio, sus responsabilidades. La sentencia de conformidad ha fijado penas de cárcel que, en el peor de los casos, es de dos años de prisión por falsificación de documentos. A petición de las defensas, los magistrados suspenderán la ejecución de las penas, por lo que los médicos y los comerciales no tendrán que pisar la cárcel. Los condenados, que ya han devuelto el dinero estafado, deberán pagar una multa de 750 euros. Los médicos, además, no podrán trabajar en la sanidad pública durante dos años.