Sindicatos y médicos cifran en 136 millones el gasto extra de la privatización

Quince sindicatos y asociaciones de profesionales de la sanidad han dirigido una carta al presidente de Madrid, Ignacio González, y al consejero del ramo, Javier Fernández-Lasquetty, en la que aseguran que, lejos de suponer un ahorro como preconiza el Gobierno regional, privatizar la gestión de seis hospitales "supondrá un gasto extraordinario de más de 136 millones de euros". Tras analizar las condiciones de la externalización, los firmantes reiteran su rechazo a esta medida y aseguran que "tras más de cinco meses de conflicto sanitario sin precedentes, la consejería sigue sin entender los motivos" de la marea blanca.

Firman la carta los sindicatos de la Mesa sectorial de Sanidad —Satse, CC OO, Amyts, CSIT, UGT y USAE—, la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), la Asociación Madrileña de Enfermería (AME), así como los colegios oficiales de Enfermería y el de Médicos de Madrid (Codem e Icomem). También firman la Plataforma Asamblearia de Trabajadores y Usuarios por la Salud (Patusalud), Plataforma de Coordinadores de Planes Estratégicos, Plataforma de Equipos Directivos y Representantes de Centros de Salud, Plataforma Jefes de Servicio de los Hospitales Públicos de Madrid y el representante de los Directores de Centros de Atención Primaria.

Los firmantes consideran que "sin un estudio económico serio", el resultado será "desastroso para el futuro del sistema sanitario madrileño". A su juicio, "provocará graves desequilibrios en la financiación y en el acceso de los ciudadanos al sistema de salud". Según reza la carta, la propuesta económica reflejada en la Ley de acompañamiento del 28 de diciembre, que recogía una cápita media de 441 euros por habitante, "no se correspondía con la realidad de los presupuestos asignados a dichos hospitales y constituía un incremento del gasto de en torno a 70 millones".

Además, "el aumento en un 12% de la cápita recientemente publicada supondrá un incremento de otros 66 millones extra", señalan en referencia a que la cápita media que pagará la consejería a las concesionarias ha pasado a 496 euros. Frente a estas estimaciones, la consejería sostiene que se pretende lograr un ahorro del 20% sobre el coste de estos centros y añade que las concesionarias deberán asumir todo el personal sanitario que presta servicios en estos centros —Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), hospital del Sureste (Arganda), hospital del Henares (Coslada) y el hospital del Tajo (Aranjuez)—, cuya plantilla asciende a 5.200 empleados.

Al margen del coste, los sindicatos y asociaciones profesionales creen que el incremento por contrato del presupuesto en un 85% del IPC crea "una injusta y desestabilizadora relación con el resto de hospitales públicos, sometidos a presupuestos anuales discrecionales y con importantes reducciones en épocas de crisis, lo que amenaza más aún la sostenibilidad del sistema sanitario".

Consideran que los pliegos de condiciones para la privatización "no ofrecen garantías suficientes" para un adecuado control de la calidad asistencial a los más de 1.250.000 usuarios de estos hospitales, y que la externalización se pretende iniciar "sin tener operativos órganos independientes de control". "El intento de convencernos de que se mantiene la plantilla en estos centros no deja de ser un brindis al sol", añaden los firmantes, para quienes "la mejor garantía" para su trabajo es que no se inicie "esta arriesgada aventura sin garantía alguna de ahorro ni de mantenimiento de la calidad".

Fundamentan su rechazo en que "no es cierto que el modelo que se quiere aplicar sea más barato, porque no tiene como objetivo último garantizar la mejor asistencia para los ciudadanos, porque arriesga la formación de calidad, y porque hipoteca para muchos años y pone en peligro el futuro de todo el sistema madrileño de salud". Por ello, piden a la Comunidad que "abandone la idea" de privatizar la gestión de estos hospitales y centros de salud, y acepte "la implantación de un modelo de gestión, con la participación de todos los profesionales de la sanidad, reconocido internacionalmente como modelo de reforma necesario" para garantizar la mejora y sostenibilidad del sistema sanitario público.