El Imserso admite que el Gobierno debe 4,6 millones en Dependencia

Un informe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) admite que la Junta de Andalucía ha dejado de percibir 4,65 millones de euros que le correspondían para financiar las ayudas a la Dependencia y que no llegaron a la Comunidad por errores en los expedientes. El documento corrige el informe preliminar de fiscalización elaborado de oficio por el Tribunal de Cuentas y que concluyó que, entre 2007 y 2011, Andalucía había cobrado indebidamente 24 millones de euros para la Dependencia, la mayoría de ellos para ayudas de más de 4.000 beneficiarios que, según el órgano estatal, habían fallecido cuando recibieron las prestaciones.

Este informe, que detectó supuestas irregularidades en la mayoría de las comunidades autónomas, sirvió para que el Ministerio de Sanidad, de quien depende el Imserso, alertara de la necesidad de aumentar los controles sobre la gestión de la Dependencia por parte de las comunidades. En el caso andaluz, la delegada del Gobierno, Carmen Crespo, exigió a la Junta que devolviera las cantidades cobradas indebidamente y justificara en qué las había gastado.

La Junta alega que se le deben 5,6 millones por fallos en expedientes

El informe preliminar del Tribunal de Cuentas cifró en 5.174 los expedientes tramitados en Andalucía y afectados por alguna irregularidad. El Imserso, que ha analizado esos datos para responder a las alegaciones presentadas por las comunidades, ha rebajado a 2.802 los expedientes afectados por diferentes tipos de errores, desde dependientes muertos por los que Andalucía siguió recibiendo financiación estatal a expedientes duplicados o beneficiarios por los que se recibía más dinero del que correspondía.

Una vez analizados todos los casos, el departamento que dirige Ana Mato admite en un documento remitido el pasado 15 de marzo a la Consejería de Salud y Bienestar Social que Andalucía no ha cobrado de más sino que ha dejado de recibir 4.657.769,16 euros. La Junta, con todo, sostiene que esa cantidad tampoco es correcta y ha presentado alegaciones en las que reclama al Gobierno 5.692.051,32 euros.

En el caso de los dependientes fallecidos, el primer borrador del órgano fiscalizador los cifró en más de 4.000 aunque el anteproyecto del informe lo redujo a 1.359. El documento elaborado ahora por el Imserso admite que solo hay que regularizar 105 expedientes y que, de ellos, solo en 50 la persona se halla “realmente fallecida”. Por ellas, el Gobierno reclama a Andalucía 654.118,24 euros. Además, el ministerio instó a la Junta a comprobar la situación de otras 54 personas sobre los que no existía “total certeza” de si fallecieron o no y advertia la Junta de que, si no regularizaba la situación, debería devolver 707.400 euros. En total, por los errores con expedientes de dependientes fallecidos o de las que no se conocía si vivían o no, el Gobierno reclama a Andalucía 1,3 millones.

La Junta ha mirado uno por uno 103 expedientes de posibles fallecidos remitidos por el Gobierno y admite solo 21 beneficiarios muertos, además de decenas de expedientes con errores en la grabación de datos, 18 en los que se ha comprobado que el dependiente vive y 8 en los que no se ha podido comprobar. Con estos datos, Andalucía reduce el dinero cobrado de más por este concepto a 995.981 euros.

El Tribunal de Cuentas aseguró también que había expedientes duplicados y, en algunos casos, las comunidades habían cobrado por los dos. Para Andalucía, el anteproyecto del informe recogía 889 expedientes en esta situación, pero la comprobación hecha por el Imserso lo reduce a un solo caso y cifra en 1.545 euros los cobrados de más. La Junta, en la documentación remitida al Gobierno, asegura que ese beneficiario se trasladó de Almería a Granada pero su expediente no está duplicado y sostiene que no solo no debe dinero sino que el Imserso adeuda 501,58 euros por este expediente.

Los datos remitidos por el Imserso reducen también las supuestas irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en el cobro por beneficiarios de teleasistencia (que no financia el Gobierno central) y expedientes por los que se había cobrado de menos o de más. El saldo de estos errores, según el Imserso, es positivo para la Junta en 6 millones de euros, una cantidad que Andalucía debía haber recibido y no lo ha hecho. En sus alegaciones, la Junta incrementa esta cifra en más de un millón de euros.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno aprobó este martes un decreto para reforzar las inspecciones que se hacen en el ámbito de la Dependencia para comprobar que la calidad de las prestaciones y verificar el correcto uso de las ayudas económicas que reciben los cuidadores familiares. El decreto fija también un régimen sancionador único que establece multas de entre 300 euros (faltas leves de cuidadores) y un millón de euros (faltas muy graves de proveedores de servicios). Las inspecciones detectaron el año pasado 51 infracciones.