El Supremo da la razón a los opositores al puerto deportivo de Cangas

La justicia ha dado la razón, casi una década después, a los pescadores y vecinos de Cangas que protestaron durante años contra la construcción de un puerto deportivo en la zona de O Salgueirón, junto a la antigua fábrica de Massó. El Tribunal Supremo ha anulado la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que en 2009 dio la razón al Puerto de Vigo y ha ratificado que los opositores a aquel proyecto, ya paralizado, estaban en lo cierto cuando aseguraban que la concesión administrativa con la que contaba la promotora por un plazo de 35 años era ilegal.

El fallo del Supremo admite el recurso presentado por la Cofradía de Pescadores San José de Cangas do Morrazo (Pontevedra) y establece que la concesión administrativa que otorgó la Autoridad Portuaria de Vigo en marzo de 2005 a la empresa Residencial Marina Atlántica, SA no se debía haber aprobado debido a que la entidad no contaba en aquel momento con un documento clave, el Plan de Usos de Espacios Portuarios, en el que se establece el tipo de actividad al que se debe destinar cada parte del recinto. Así, el permiso a la promotora lo otorgó el Puerto vigués en un área de uso industrial sin que mediara ninguna recalificación. "Si, como en este caso ocurre, el destino actual de unos determinados espacios es el industrial y se encuentra en trámites de aprobación el plan que permitiría una nueva asignación de usos a aquéllos con finalidad deportiva, no cabe otorgar la concesión para construir un puerto deportivo de las características que constan en el acuerdo impugnado", esgrime la sentencia conocida ayer.

El Supremo anula así la concesión administrativa para un proyecto que llevaba aparejada una urbanización de 750 viviendas, un hotel y un centro comercial. El complejo, promovido por una empresa participada por la ya extinta Caixanova, Atlántico Construcciones y Puentes y Calzadas, provocó un fuerte movimiento de oposición en la zona, encabezado especialmente por los marineros que veían peligrar sus capturas por el impacto ambiental de las obras. Los trabajos para construir el puerto deportivo con 450 amarres avanzaron a duras penas por las continuas interrupciones provocadas por las protestas. Finalmente, la justicia ha dictaminado de manera firme que los opositores a aquel proyecto tenían razón.