La izquierda planta cara a Urkullu

El efecto Urkullu solo parece haber servido al PP, que ayer insistía en que es posible un acuerdo con los socialistas mientras el PNV se mostraba convencido en evitar prórrogas presupuestarias. Euskadi se vio ayer más cerca que nunca de una devolución del primer proyecto de presupuestos de la etapa de Iñigo Urkullu, después de que, como respuesta a las reuniones con el lehendakari, tanto EH Bildu y PSE registraran sus enmiendas a la totalidad y UPyD anunciara que lo hará mañana.

Son, en total, 38 de 75 votos del pleno, los suficientes para devolver al Gobierno un proyecto de presupuestos que ha sido contestado por la oposición, agentes sociales, sindicatos y patronal. Es el resultado inmediato de la ronda de contactos que ha protagonizado el lehendakari, la tercera del Gobierno para tratar de lograr adhesiones a su propuesta presupuestaria —las dos anteriores estuvieron presididas por el consejero Ricardo Gatzagaetxebarria— y la primera en la que la oposición ha recibido un planteamiento por escrito de “mínimos”.

“Tan de mínimos que se queda en nada”, resumió ayer el portavoz socialista, José Antonio Pastor, con una expresión con la que aglutinó las críticas de todos los grupos que saltaron a los medios ayer. El documento, de 17 páginas, recoge una reflexión sobre la inconveniencia de la prórroga presupuestaria y reclama responsabilidad ante una situación de “prácticamente emergencia presupuestaria”.

Los “hipotéticos” ingresos se negociarían tras la aprobación del presupuesto con los grupos, a través de una ley que el documento nombra como de crédito adicional. Una referencia insuficiente para los socialistas, que dedican buena parte de su enmienda a la totalidad a reclamar la revisión de los ingresos previstos para 2013, un aspecto cerrado a cal y canto por el Gobierno que el PSE entiende como la raíz de unos presupuestos de “resignación” que llevan a “nuevos sufrimientos y a instalarnos en la parálisis económica”.

El PSE estima en su enmienda que Euskadi podría contar con 890 millones adicionales (el 1,4% del PIB), una cifra que según aseguraron es conservadora y podría ser en realidad mayor, entre los nuevos impuestos. EH Bildu también hace referencia a la necesidad de contabilizar mayores ingresos. Aunque no detalla en sus enmiendas una cifra concreta, Laura Mintegi señaló en rueda de prensa que estos podrían ascender a 1.500 millones. Por su parte, UPyD censuró que la respuesta de Urkullu a sus 16 exigencias es “claramente insatisfactorio y muy decepcionante” porque no se ha acercado a sus peticiones. Si UPyD se abstuviera en la votación de la devolución, se produciría un empate que obligaría a repetir las votaciones el viernes siguiente.

El escrito de Urkullu va más allá de cuestiones meramente presupuestarias. Como ya avanzó este diario, esboza su intención de realizar cambios en la administración que conlleven un ahorro y una reforma fiscal que incluya cambios en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades, así como medidas para atajar el fraude fiscal por medio de mejoras en el intercambio de información y un plan conjunto de lucha contra el mismo.

Basagoiti intenta que López dé marcha atrás para buscar un acuerdo a tres

Pastor criticó al Gobierno por su ejercicio de “dejación política” y denunció que el PNV ha “renunciado” al autogobierno. En esta misma línea, Mintegi reclamó en euskera: “se recauda aquí, se distribuye aquí y se decide aquí”. La coalición abertzale se comprometió a analizar el documento de Urkullu con más detalle, ya que registró su enmienda a la totalidad tras salir de una reunión con el lehendakari que duró alrededor de una hora. Sin embargo, la portavoz avanzó que el “punto de partida” de las cuentas del PNV es “diametralmente opuesto” a la política económica que desea EH Bildu, lo que genera importantes dificultades para un acuerdo con la coalición.

Son posturas que, al menos en público, no parecen haber variado ni lo más mínimo en los últimos días y que hacen que las cuentas parezcan abocadas a una devolución, pese a la postura favorable al acuerdo que ha mostrado un PP cuyos votos son insuficientes para Urkullu —sería necesario sumar, al menos, el de UPyD, algo que su parlamentario, Gorka Maneiro, ha descartado hasta la fecha—. Diez días es el tiempo que tiene ahora el Ejecutivo para cambiar las tornas, un tiempo suficiente para virajes en las posturas de los grupos.

Pese a que las palabras de EH Bildu, PSE y UPyD situaron a los tres partidos lejos de la posibilidad de retirar sus enmiendas a la totalidad —algo que pueden hacer en cualquier momento, hasta el mismo día de la votación y que los socialistas juran y perjuran que no harán—, la portavoz en materia económica del PNV, Josune Gorospe, interrumpió su presencia en la comisión de Hacienda para comparecer ante los medios, señalar que “todas las puertas siguen abiertas” y mostrarse convencida de que aún es posible alcanzar pactos. Gorospe hizo un llamamiento a seguir negociando al ensalzar que aún quedan diez días para la votación de la devolución de las cuentas.

Al igual que Gorospe, el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, insistió en la posibilidad de un acuerdo a tres con el PSE, partido al que emplazó a “mejorar” junto con el PP el proyecto nacionalista. Basagoiti hizo referencia “especialmente” a Patxi López, a quien el presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ya pidió un acuerdo que haga honor a su tratamiento de lehendakari. Basagoiti advirtió, pese a su respaldo a los jeltzales, que si para el viernes no hay una “concreción clara de las mejoras” del proyecto, su partido también presentará una enmienda a la totalidad.

Estirar la prórroga que gestiona el Ejecutivo desde sus primeras semanas de vida hasta final de año supondría algunos inconvenientes de gestión y, sobre todo, un golpe político para Urkullu, que en este tramo final ha protagonizado la negociación.

El documento remitido por el Gobierno a la oposición recoge en su preámbulo una extensa argumentación sobre las dificultades que entraña la prórroga, entre ellas la “inseguridad jurídica y económica” y una “inestabilidad económica en las finanzas públicas nada recomendable” porque genera una “sensación de provisionalidad financiera” indeseable. Euskadi es, junto con Cataluña, la única comunidad autónoma que todavía sigue negociando sus cuentas.