La Junta cree que la modificación de la Ley de Costas genera “falsas expectativas”

Los derroteros que está tomando la modificación de la Ley de Costas que tramita el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente no se ven bien desde la Administración andaluza. Especialmente, la enmienda del PP que reduce la zona de protección del litoral de los 100 a los 20 metros en algunos casos. Luis Planas, consejero de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, considera que este paso es una "regresión" si se compara con la normativa autonómica, estatal y comunitaria que se ha ido desarrollando en los últimos años. Además, el consejero, en cuyo departamento están también las competencias de ordenación del territorio, cree que la regularización de viviendas en esa franja de 80 metros "será muy complicada de aplicar". "Se están generando falsas expectativas", opina Planas.

Los Ayuntamientos y las comunidades tendrán que tutelar la aplicación de la reducción de los 100 a los 20 metros. Según el consejero, estas Administraciones deberán hacer "arqueología", ya que el punto de partida que se tomará para convertir los suelos ubicados en esa franja de 80 metros en urbanizables es el año 1988. Para poder regularizar las construcciones ubicadas en esa zona, la enmienda del PP fija como uno de los requisitos que un tercio de la superficie estuviera edificada hace 25 años, algo que, según indica Planas, tendrán que comprobar los Ayuntamientos y Gobiernos regionales.

Lo que complica aún más este asunto es el reparto de las competencias: mientras el Estado mantiene las que afectan al dominio público, los municipios y comunidades tienen en sus manos la ordenación urbanística. De ahí que ahora puedan surgir algunas contradicciones con la reforma de la Ley de Costas.

Por ejemplo, la enmienda del PP fija esa ocupación de un tercio de la superficie como requisito para la regularización de las edificaciones. Pero la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) establece que, para que un suelo pueda ser considerado urbano, deben "estar ya consolidados al menos en las dos terceras partes del espacio apto para la edificación".

El departamento de Planas considera "muy difícil de prever los efectos que la modificación de la Ley de Costas tendrá en Andalucía". Por un lado, el propio ministerio ha reconocido que los cambios responden a las reclamaciones realizadas desde Canarias y Galicia, y pretende resolver la situación de los núcleos de población preexistentes a la Ley de Costas de 1988. Por otro, en el caso de Andalucía, el 50% de los municipios del litoral ya tienen aprobados planes de ordenación adaptados a la normativa autonómica, que fija una franja de protección (sin edificaciones) de 200 metros desde la orilla.

El enfrentamiento entre populares y socialistas sobre el urbanismo está vivo en Andalucía, y no solo por la modificación de la Ley de Costas. El PP se ha opuesto al decreto impulsado por la Junta que busca preservar los 500 primeros metros de costa. Los populares pretenden llevar esta medida al Tribunal Constitucional.

En lo que sí coinciden el Gobierno central y la Junta es en que la modificación de la Ley de Costas no supondrá el indulto del polémico hotel del paraje almeriense del Algarrobico. Las dos Administraciones se ha comprometido a demolerlo en cuanto exista suficiente seguridad jurídica.