‘Lladres a la presó’

Si el tiempo no lo impide y con permiso de la autoridad, a las seis de esta tarde, desde la plaza de San Agustín, de Valencia, partirá una mani convocada bajo el cívico lema de Lladres a la presó. No se trata, obviamente, de colapsar los centros penitenciarios instando el súbito y masivo encarcelamiento de la numerosa población amante de los bienes ajenos y condenada por distintas figuras penales. En esta ocasión el vecindario clamará contra la asimismo abundosa delincuencia política que ha metido la mano en el erario o se ha beneficiado ilegítimamente del cargo apropiándose de recursos públicos. Con otras y pocas palabras señalamos a los vulgarmente descritos como chorizos que han convertido la función pública en patio de Monipodio.

Casi en sintonía con esta iniciativa, el miércoles pasado, tal como se publicaba en estas páginas, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia, Pilar de la Oliva, informaba de que los juzgados valencianos investigaban 141 causas “que —decía ella— podríamos etiquetar de corrupción, en las que están imputados políticos en activo”. Es lo que ha venido a conocerse como la ladronera valenciana, con sus acreditados focos delictivos en La Vega Baja, la costa de La Marina y el mismo Cap i casal con su entorno. Un mogollón de asuntos complejos y de dificultosa instrucción que ha desbordado la capacidad del dispositivo judicial, lo que no deja de ser un chollo para los encausados que exprimen las argucias que autoriza el sistema procesal, prolongando las causas y abonando su prescripción. Y si todo falla, siempre queda el hoy por hoy arbitrario indulto. O sea, que si queremos justicia y ejemplaridad, lo procedente es que estos sinvergüenzas de cuello blanco y mano larga vayan a chirona.

Sin arriesgarnos a valorar la calidad de la justicia que se nos administra, parece evidente que es manifiestamente mejorable, como delata el índice de confianza que se le otorga, la lentitud con que procede y la escasez de recursos humanos y materiales que arrastra. Un déficit arrastra otros. Se diría que así conviene a gobernantes y poderosos, sus grandes beneficiarios. Al caso viene evocar una opinión de quien fuera fiscal de Vigilancia Penitenciaria de Valencia, José Llorca, quien hace años, pero sigue vigente, declaró que “el delito se ha quedado barato y puede ser un buen negocio si no se recupera el botín”. Pues eso, uno tiene la impresión de que todavía en ese país —España, Valencia— demasiados políticos y fulanos se han enriquecido escandalosamente y han salido de rositas con el botín a cuestas. ¿No es, pues, pertinente la manifestación que anunciamos?

Es probable, además de necesario, que los partidos de la oposición, la izquierda, hayan de afrontar y desde el gobierno el problema de la Justicia. Convendría que fuesen hablando sobre el asunto, tal como han hecho el miércoles pasado acerca del Ayuntamiento de Valencia. Convocados por Valencians pel Canvi, los portavoces municipales del PSPV, Compromís y EU expusieron ante un nutrido auditorio sus criterios acerca de cómo se gestiona y se debería gestionar esta ciudad. Un ejercicio de rodaje conjunto y una muestra palmaria de que no hay fisuras irreductibles entre dichas formaciones. Hay mucho que hacer en todos los órdenes, podando y renovando para reflotar la democracia, herida de muerte por el PP. La derecha política ladrará ante el tripartido, pero sólo son una perrada trufada de lladres.