El fiscal pide una fianza de 12 millones para Tauroni si queda en libertad

La Fiscalía Anticorrupción se opuso ayer a que Augusto César Tauroni, considerado uno de los líderes de la trama que desvió presuntamente seis millones de euros de ayudas de la Generalitat al Tercer Mundo, quede en libertad. La magistrada instructora del caso Blasco, María Pía Calderón, celebró una vista en la que la defensa de Tauroni solicitó su salida de la cárcel, donde lleva desde febrero de 2012. Las acusaciones se opusieron al levantamiento de la prisión provisional y el ministerio público pidió a la juez que, en caso de que acepte la petición del abogado de Tauroni, le imponga una fianza de 12 millones de euros, le obligue a llevar una pulsera telemática y le prohíba abandonar el país.

Anticorrupción considera al empresario, que tras la vista volvió a ser trasladado al centro penitenciario de Picassent, director de la trama corrupta junto al exconsejero y diputado autonómico Rafael Blasco. Según la investigación, Tauroni creó varias sociedades en Estados Unidos y desvió allí parte de los fondos defraudados, utilizándolos para financiar inversiones inmobiliarias. El propio Tauroni reconoció en sede judicial el año pasado su deseo de trasladarse a vivir a EE UU, lo que según la fiscalía aumenta el riesgo de que intente sustraerse a la acción de la justicia, sobre todo teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que se le imputan. La magistrada instructora, que debe resolver ahora la solicitud del preso, ya denegó una petición similar en octubre.

La instrucción de la causa ha puesto de relieve que la relación de Tauroni —como aspirante y receptor de ayudas y contratos públicos— y Blasco —como máximo responsable de consejerías que concedieron dichas ayudas o adjudicaciones— se remonta al año 1999, cuando el ahora diputado del PP fue nombrado consejero de Empleo por el expresidente de la Generalitat Eduardo Zaplana. Esa mirada retrospectiva ha permitido comprobar cómo las actividades empresariales de Tauroni iban cambiando según el área del Gobierno en el que estuviera Blasco.

Entre las conversaciones intervenidas por la policía que obran en el sumario hay una, en la que la imputada María Isabel Castillo, empleada de la Fundación Hemisferio, la entidad utilizada por Tauroni para actuar en el mundo de la cooperación internacional, comenta que la trama estaba esperando a “ver dónde cae Blasco”; “en cuanto lo sepan cierran la fundación y montan otro chiringuito”.

El Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, compareció también ayer en la causa como testigo para explicar el informe que el organismo fiscalizador del sector público valenciano elaboró sobre las ayudas a la cooperación concedidas por la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía en la etapa de Blasco, y en el que detectó múltiples irregularidades. El informe, en el que Queralt se reafirmó, se centró en la concesión de dos subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Cyes) por importe de 1,6 millones de euros para proyectos en Nicaragua (la apertura de pozos y mejoras agrícolas) que se destinaron a la compra de pisos en Valencia.

El informe fue solicitado por el propio Blasco cuando aún era consejero para intentar apagar la polémica. El dictamen sirvió, sin embargo, para lo contrario, al constatar “incidencias significativas” en ambos expedientes. Falta de adecuada acreditación de facturas por importe de 1,16 millones de euros, carencia de experiencia para optar a las subvenciones, y el hecho de que desde el principio Cyes comunicase a la consejería que pensaba destinar buena parte de las ayudas a comprarse una sede en Valencia. El Síndic volverá a declarar el viernes que viene.